El Gobierno porteño recusó ayer al magistrado Roberto Gallardo y reclamó que haya "un juez imparcial" para dirimir el planteo docente sobre el regreso presencial a las aulas, ante lo cual advirtió que la falta de presencialidad en la educación produce un daño "irreparable" en los alumnos.
Tras el planteo, el juez Gallardo elevó el mismo a la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad para que defina si lo confirma o no al frente de la causa y hasta entonces -tal cual lo estipula el procedimiento habitual- pidió que otro magistrado intervenga.
La recusación hecha por el Gobierno porteño fue accionada por la Procuración de la Ciudad, confirmó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. "Es muy importante que haya un juez imparcial. Los protocolos que Gallardo exige ver son el resultado de meses de trabajo entre el Gobierno, los docentes y los gremios", subrayó el ministro coordinador local, quien destacó que el Gobierno porteño "está a disposición de la Justicia. Toda nuestra colaboración con la Justicia va a seguir de manera permanente como lo hemos hecho siempre, pero decidimos recusar al juez porque el pedido excede su competencia y porque ha demostrado una falta manifiesta de imparcialidad", aclaró.
Y agregó: "Si hay algo en que todos estamos de acuerdo es que los chicos tienen que volver a las aulas. No podemos volver a tener un año como el 2020".
El martes, el juez Gallardo citó a los ministros porteños de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña, con el fin de que informen qué protocolos se implementarán para el cuidado de docentes y alumnos en la vuelta a clases. Quirós había evitado confrontar con Gallardo, al señalar que la medida judicial era para "pedir información sobre la estrategia de testeo de los docentes".n