martes 17 de noviembre de 2026
Disputa entre dos empresas por territorio

Piden que la Provincia intervenga en un conflicto minero que se define en Salta

La firma Lithium S Corporation invocó autorizaciones mineras otorgadas por autoridades salteñas y denunció a Marhem Lithium, que tenía permisos otorgados en Catamarca.

En el marco de un conflicto entre dos empresas privadas por una controversia en torno a propiedades mineras autorizadas en Salta y Catamarca, la Corte Suprema de Justicia resolvió que sea el Juzgado de Minas de Salta el que lleve las riendas del expediente. Se resolvió así porque, según los supremos, la Justicia de la provincia vecina "previno", es decir, intervino con anterioridad.

La disputa es entre Lithium S Corporation y Marhen Lithium, quienes tienen permisos para trabajos de exploración en el área de conflicto limítrofe entre ambas provincias: Lithium S Corporation invoca derechos otorgados en Salta, y Marhem Lithium otros otorgados en Catamarca. El fallo de la Corte no determina la titularidad de los derechos mineros ni resuelve los límites entre las provincias, pero sí definió que sea el juzgado salteño el que resuelva el conflicto. En esta línea, la exdiputada Silvana Carrizo, dirigente de GENERAR, pidió al Gobierno de la Provincia que intervenga en la causa y planteó a los legisladores nacionales que impulsen una definición sobre los límites.

El fallo de la Corte se firmó el pasado 5 de noviembre. La disputa se originó a partir de trabajos de perforación que Marhen Lithium realizaba en un sector donde Lithium S Corporation invoca derechos sobre la propiedad minera Tabariogrande, ubicada en territorio salteño según los antecedentes judiciales. La primera empresa denunció que las actividades se desarrollaban dentro de su concesión sin autorización y solicitó la intervención del Juzgado de Minas de Salta.

Ese tribunal hizo lugar al planteo y ordenó suspender las perforaciones y los trabajos asociados, y dispuso que Marhen Lithium y otras personas involucradas retiraran construcciones, equipos, campamentos, vehículos e instalaciones del área en un plazo de 30 días desde la notificación de la medida.

Marhen, en cambio, sostuvo que los derechos invocados correspondían a concesiones ubicadas en Catamarca. La compañía planteó ante el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción, de Belén, que era titular de las minas Tati, Tati I y Tati II, en el departamento Antofagasta de la Sierra y que contaba con permisos otorgados por el Ministerio de Minería.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que intervenga el Juzgado de Minas de Salta porque fue el que recibió la primera denuncia sobre el conflicto entre ambas empresas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que intervenga el Juzgado de Minas de Salta porque fue el que recibió la primera denuncia sobre el conflicto entre ambas empresas.

La controversia derivó en un conflicto de competencia: ambos tribunales se consideraron habilitados para intervenir, por lo que el expediente llegó a la Corte Suprema para determinar dónde debía continuar. La Corte, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, adoptó los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti y dispuso que la causa permanezca en el Juzgado de Minas de Salta. Aplicaron el criterio de la intervención judicial inicial: ante la existencia de dos tribunales que se consideran competentes, el expediente debe continuar en aquel que actuó primero. En este caso fue el Juzgado de Minas de Salta, que recibió la denuncia de Lithium S Corporation y dictó las primeras medidas sobre los trabajos mineros.

La procuradora fiscal señaló, sin embargo, que la delimitación de los límites entre provincias es una atribución del Congreso Nacional y que no corresponde resolver esa cuestión dentro de este proceso judicial. Por eso la Corte se limitó a determinar qué tribunal debe tramitar el conflicto entre las empresas.

Pedido a la Provincia

La exdiputada provincial y dirigente de GENERAR, Silvana Carrizo, advirtió sobre la "falta de intervención" del Gobierno catamarqueño en esta causa judicial que se tramita en Salta y que involucra concesiones mineras otorgadas por Catamarca en Antofagasta de la Sierra. Propuso una reforma legislativa para garantizar la participación obligatoria de la Provincia en estos procesos y reclamó que la Fiscalía de Estado intervenga de inmediato. Carrizo analizó el fallo de la Corte Suprema y convocó a los legisladores nacionales a impulsar la definición del límite interprovincial.

Carrizo planteó la necesidad de que Catamarca asuma un rol activo en la defensa de sus derechos mineros frente a los conflictos judiciales que involucran territorios y concesiones provinciales. La exdiputada puso el foco en un aspecto que consideró "especialmente preocupante", ya que de acuerdo con el dictamen de la Procuración General de la Nación, "no surge que la Provincia de Catamarca se haya presentado en el expediente para defender los derechos mineros que ella misma otorgó".

En ese sentido, la exlegisladora advirtió que la representación de los intereses provinciales no puede quedar supeditada a las decisiones o estrategias judiciales de empresas privadas. “La defensa de un título minero otorgado por Catamarca, en una zona de límites en disputa, no puede depender de una empresa privada”, sostuvo.

Carrizo aclaró que la resolución de la Corte Suprema no determinó la pertenencia territorial de la zona en conflicto, sino que se limitó a resolver qué jurisdicción debía continuar interviniendo en el expediente. No obstante, consideró que esta situación debe encender una señal de alerta sobre la responsabilidad institucional del Estado catamarqueño en la protección de sus recursos y concesiones.

Al analizar el marco normativo, señaló que la Provincia contaba con herramientas constitucionales y legales para intervenir en el proceso, aun cuando no hubiera recibido una notificación judicial. En particular, recordó que el artículo 162 de la Constitución de Catamarca, reconoce al Fiscal de Estado legitimación para intervenir en todos los juicios en los que se comprometan intereses o derechos provinciales, mientras que la Ley 1553 establece que esa facultad alcanza a cualquier jurisdicción.

Asimismo, remarcó que el Ministerio de Minería ejerce como Autoridad Minera provincial y tiene responsabilidades directas sobre las concesiones y los registros correspondientes, a través de la Escribanía de Minas. En ese contexto, consideró necesario conocer si el organismo tomó conocimiento de las actuaciones judiciales, si la medida cautelar fue registrada y si se dio intervención a la Fiscalía de Estado.

“No se trata de buscar culpables. Se trata de que la Provincia tiene la facultad constitucional de defender sus títulos y no la usa. Todavía está a tiempo”, afirmó Carrizo.

La dirigente también advirtió sobre la existencia de vacíos en la legislación provincial que deberían corregirse para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Según explicó, ni la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado ni el Código de Procedimientos Mineros contemplan un mecanismo específico que garantice la intervención provincial obligatoria cuando se desarrollan litigios entre particulares que pueden afectar concesiones mineras catamarqueñas, especialmente en zonas donde existen controversias limítrofes con otras provincias.

Frente a este escenario, propuso impulsar una reforma legislativa que establezca la obligación de la Autoridad Minera y de la Escribanía de Minas de comunicar inmediatamente a la Fiscalía de Estado cualquier medida judicial, independientemente de la jurisdicción en la que se dicte, que afecte derechos mineros otorgados por Catamarca. También planteó que la intervención de la Fiscalía sea obligatoria en los procesos vinculados con zonas de límites interprovinciales todavía no definidos y que se cree un registro público de los derechos mineros catamarqueños ubicados en esas franjas, incluyendo las posibles superposiciones con concesiones otorgadas por otras provincias.

En lo inmediato, Carrizo reclamó que el Ministerio de Minería informe si recibió comunicaciones del Juzgado de Minas de Salta, si la medida judicial fue incorporada a los registros provinciales, si la empresa titular notificó sobre la existencia del conflicto y si se dio intervención a los organismos competentes.

“Esto no es una causa de un partido, es el territorio de Catamarca y el litio de los catamarqueños. La Provincia tiene argumentos históricos y jurídicos sólidos, desde el decreto de 1904 y el Decreto 9375/1943. Lo que falta es decisión para defenderlos en cada expediente y para conseguir la ley”, concluyó.

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