Algarabía de muchos, desazón de unos cuantos, opinologos incansables, responsables e irresponsables, van a decir muchísimas cosas alrededor del acuerdo de la negociación de la deuda, que es probable se cierre en este mes de agosto con un grupo de acreedores privados.
Pretendemos acercarles una opinión en tono de sugerencia metodológica para observar el fenómeno.
El primer punto que es necesario aclarar es que el acuerdo alcanzado no es la resolución del problema de endeudamiento de nuestro país. Argentina va a dejar de tener problemas de deuda cuando resuelva lo se conoce como restricción externa, evidenciado en su condición de país pequeño con escasa capacidad de generación de divisas, con una pasión por la compra y fuga de moneda extranjera, con persistentes desequilibrios y volatilidad económica; en un contexto de guerra comercial entre potencias, brecha científico tecnológica y pandemia.
Si lo anterior parece mucho para digerir, se puede reducir diciendo que el acuerdo alcanzado es solo el primer asalto de una pelea que en cada round propone un adversario diferente: en el próximo viene el FMI y toda la negociación de un programa que puede tener un fuerte impacto en la economía real.
Una pequeña discreción: lo anterior también nos avisa entonces que hay una falacia en la expresión de “la deuda externa” de la Argentina y pretender a partir de ello hacer una comparación de volúmenes absolutos entre períodos, es un análisis muy superficial. En realidad, nuestro país tiene varias deudas, a distintos plazos, a distintas tasas, en distintas monedas, con distintos acreedores y por ello pasa a tener una relevancia determinante el concepto de composición de la deuda. Este punto amerita una discusión más compleja y excede a la intención de este artículo.
Volviendo al acuerdo alcanzado con los fondos, creemos que en el corto plazo tendrá un impacto financiero aliviando las tensiones cambiarias, se espera que abra la posibilidad de un mercado interno de activos en pesos y sugiere expectativas de mejora en las tasas de interés, que sumadas al congelamiento de tarifas redundarían en un ambiente de baja presión inflacionaria. Esto último va a depender mucho de la actitud de los sectores de producción de alimentos.
Por otro lado, le permitiría al gobierno nacional disminuir el ritmo de emisión monetaria destinada a amortiguar los efectos de la pandemia y podría habilitar negociaciones más accesibles a las administraciones provinciales con deudas en moneda dura, la mayoría de ellas hoy fuertemente afectadas por el coronavirus.
Es quizás éste el piso más estable que buscaba Hacienda, que permitiría a los actores económicos ingresar a un espacio de expectativas positivas, generando las condiciones necesarias para pensar con más tranquilidad las acciones por venir. Creemos que por ello se privilegió la resolución del conflicto en un plazo relativamente corto, postergando la discusión sobre la legitimidad de la deuda para otro momento, o, en todo caso, circunscribiéndola al ámbito de la Justicia.
El escenario de mediano plazo sigue siendo complejo. Argentina en realidad vive una suerte de dos crisis económicas juntas, la crisis estructural y pre pandémica y la crisis por los efectos económicos de la emergencia sanitaria. El problema radica en que ambas requieren esfuerzos que en principio parecen contradictorios. Lo cierto es que cualquier análisis siempre debe hacerse pensando en que todo puede cambiar en un instante y que volver a las condiciones de antes de la emergencia sanitaria, es solo pasar del infierno al purgatorio.
Ese mediano plazo, o el segundo asalto, en términos del problema de la deuda, exige una negociación más firme con el FMI, dudoso aliado del primer round, y exige también una serie de definiciones respecto de las actividades vinculadas con el mercado cambiario y del comercio exterior.
El programa inconcluso firmado con el FMI por el gobierno anterior ha perdido vigencia contractual y económica, requiere entonces de nueva letra en un marco de condicionamientos diferentes que podrían impactar de lleno en la economía real. Aquí solo tenemos preguntas para hacernos: ¿Conviene hacer uso del remanente para aliviar aún más el corto y mediano plazo? ¿El FMI volverá a la carga con sus recetas de ajuste del gasto público? ¿El FMI estará dispuesto a violar una vez más el reglamento y condonar parte del capital de la deuda? ¿Habrá aquí también extensión de plazos y reducción de intereses? ¿El margen de maniobra del gobierno es mayor o menor que en la negociación con los fondos buitre?
Respecto de las regulaciones a los sectores económicos vinculados al mercado cambiario, la cuestión no es sencilla. Con un mercado financiero “bajo control” con tipos de cambio convergentes, la premisa es clara. Por la vía de los precios de transferencias entre empresas vinculadas, los pagos por servicios inexistentes, el contrabando, la sobrefacturación de las importaciones y la subfacturación de exportaciones, es por donde se produce el drenaje de un alto porcentaje de las reservas.
¿Está el gobierno dispuesto a ejercer un férreo control sobre esas actividades? ¿Cuál será la actitud de los empresarios del sector? ¿La sociedad entenderá las implicancias? El caso reciente de Vicentin podría servir para dilucidar en parte estas preguntas.
Quedan aun varios asaltos. ¿El largo plazo? Para muchos, la mayoría, es mañana. Una negociación de la deuda externa es sostenible solo si es consistente con el pago de la deuda interna.
(*) Licenciado en Economía- Docente e investigador de la UNCA.
