El secretario general del SOEM, Walter Arévalo, afirmó este mediodía en una conferencia de prensa que el gremio va a judicializar la situacion de los 36 trabajadores cesanteados tras el enfrentamiento en Higiene Urbana, ocurrido semanas atrás. También adelantó que van a exigir la recomposición salarial y apuntó contra el intendente y el fiscal que lleva su causa.
“Hay reclamos por gente despedida y vamos a reclamar a la Dirección de Inspección Laboral. Y vamos a judicializar los 36 casos por la precarización laboral, a ver qué respuesta tiene la justicia. Y vamos a encarar el pedido de incremento salarial. Dieron bolsones, plata, jugaron con la necesidad de los trabajadores para que no se adhieran al paro y destruir lo que el sindicato representa. Pero les salió mal. Generaron divisionismo, que el aumento salarial de 8 mil pesos estaba y Walter Arévalo no aceptaba. Eso es mentira”, indicó el dirigente sindical.
“Esto es otro desastre administrativo del señor Aguirre (Gustavo, secretario de Gobierno del municipio) que antes de la conciliación obligatoria ya está pautando lo que se va a plantear o no”, afirmó. “Quisieron instalar que los vecinos estaban en contra de los cortes, pero los vecinos no me votaron. A Aguirre le dieron el caballito de madera y se le murió”, soltó.
Además, contó que mientras estuvo preso su padre sufrió un ataque al corazón. “Mi padre sufrió un paro cardíaco el día sábado, tal vez no por motivo de mi detención, pero no pude asistirlo, ni a mi madre. Por una mala actitud de dos funcionarios, un fiscal irresponsable y una persecución del intendente de la capital con el apoyo de Lucía Corpacci”.
En otro tramo de la conferencia de prensa, Arévalo hizo esta pregunta retórica: “¿Por qué llamamos a conciliación obligatoria? Porque tratamos de destrabar este conflicto a base de reuniones informales que solo sirvieron para que los funcionarios saquen partes de las conversaciones y se las pasen al fiscal para las denuncias”, explicó.
“Un fiscal militante fue utilizado para llevar adelante una violación a mis derechos constitucionales como persona. El juez de garantía dejó en claro que no hubo coacción ni amenaza, y se tiene que respetar el derecho a huelga. En el transcurso de la semana se le va a hacer la denuncia a la empleada de Beto Natella que acusó que yo toqué el timbre de la casa. Era imposible”, dijo, además.
“Alguien se tiene que hacer cargo, y va a ser el municipio, o Beto Natella o este fiscal militante. Se hizo una persecución a un dirigente sindical utilizando las viejas prácticas del saadismo”, acusó.
