viernes 20 de noviembre de 2026
Consensos en la Cámara alta

El Senado aprobó las leyes de Tierras, Discapacidad y un acuerdo con EEUU

El oficialismo logró avanzar con algunos proyectos clave. También designaron los miembros a la Magistratura.

El Senado sancionó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con el 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y un 30% por nacionalidad, más el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo. También aprobó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT), un convenio firmado hace un siglo pero que era requisito para el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos recientemente. Además, y por unanimidad, sancionaron la Ley de Discapacidad con los principales puntos de la emergencia que vence en diciembre.

La ley de Tierras reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo. En cuanto a expropiaciones, en el articulado se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”, se precisó.

Sobre el Tratado de Cooperación de Patentes, es un pacto que la Argentina firmó en el siglo pasado, que la Cámara alta aprobó en 1998, y que Diputados devolvió en agosto pasado, en segunda revisión. La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos, pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios locales y, antes de llegar al recinto, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros. Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.

Desde Convicción Federal, el catamarqueño Guillermo Andrada expresó que, con el convenio, “los investigadores van a tener que hacer menos trámites, van a poder incorporarse al mundo con su patente con una ventanilla única, pero la Argentina seguirá teniendo la soberanía para decidir si esa patente es útil o no”.

La Ley de Discapacidad, por su parte, réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la ley que vence en diciembre, y que habían sido rechazados el año pasado por el Gobierno Nacional. El oficialismo accedió a mantener los beneficios luego del respaldo del papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad.

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