La comunidad educativa de la Escuela N° 9 Lindor Buenaventura Sotomayor, de la localidad tinogasteña de El Puesto, continuó ayer con la toma del establecimiento.
Los padres ratificaron que continuarán con la protesta hasta obtener una respuesta formal al pedido de designación de personal.
La comunidad educativa de la Escuela N° 9 Lindor Buenaventura Sotomayor, de la localidad tinogasteña de El Puesto, continuó ayer con la toma del establecimiento.
Hubo fuerte presencia de efectivos policiales durante la mañana y generó malestar entre los padres y vecinos que sostienen la protesta y que exigen una respuesta concreta de las autoridades educativas.
La llegada de los uniformados marcó un nuevo capítulo en el conflicto, que comenzó por el reclamo de las familias para que se cubra un cargo docente que permanece vacante desde hace casi un año. Los manifestantes interpretaron la intervención policial como un intento de amedrentamiento y ratificaron que mantendrán la medida hasta obtener una solución.
“Nuestro único pedido es que nuestros hijos tengan clases en condiciones dignas y con el personal que corresponde; no somos delincuentes para que nos manden a la Policía”, expresaron voceros de las familias. También insistieron en que no levantarán la toma hasta contar con una respuesta concreta y por escrito del Ministerio de Educación.
El reclamo apunta a la incorporación de un maestro de grado para el ciclo lectivo 2027. Las familias sostienen que la escuela funciona con dos docentes y un director que también debe hacerse cargo de tareas frente al aula y, consideran necesario contar con un tercer maestro para garantizar una mejor organización de la enseñanza.
En tanto, el supervisor de Primaria, Cristian Paredes, explicó que la institución tiene 35 alumnos y corresponde a la tercera categoría de escuelas rurales. Según sostuvo, la estructura actual de dos docentes y un director con tareas de enseñanza responde a la normativa y la matrícula no justificaría la creación de otro cargo.
De esta manera, mientras las familias mantienen su reclamo y cuestionan la presencia policial, desde la supervisión sostienen que la cobertura solicitada no está contemplada por los criterios actuales. Por el momento, no se conoció una resolución que permita destrabar el conflicto.