la presentación fue hecha por un exempleado que lo acusó de quedarse con parte de su sueldo

Denuncia contra el diputado Hugo Ávila vuelve a Fiscalía

La decisión la tomó el juez de Control de Garantías n°3, Porfirio Acuña. El fiscal puede apelar la medida.
domingo, 2 de agosto de 2020 · 01:03

El juez de Control de Garantías N°3, Porfirio Acuña, en su carácter de subrogante del Juzgado de Garantías N°2, rechazó realizar la investigación jurisdiccional contra el diputado provincial Hugo Ávila (Frente de Unidad Ciudadana) por una denuncia contra el legislador y remitió las actuaciones a la Fiscalía de Delitos contra la Administración para que avance con el procedimiento penal preparatorio para determinar si existió o no delito.

Concretamente, el magistrado consideró inconstitucional la realización de la investigación jurisdiccional prevista en el Código de Procedimientos Penal de la Provincia. Este procedimiento es el que se concreta contra aquellas personas que poseen fueros como legisladores o magistrados.

La denuncia que pesa sobre Ávila fue realizada en julio de 2018 por un exempleado del legislador, que lo acusó de retenerle parte de su sueldo. El trabajador en cuestión es Carlos Bazán, quien denunció que fue dado de baja en la Legislatura provincial al no aceptar los descuentos que le imponía Ávila.

“En los primeros días de enero se trató un tema puntilloso que exigía que los empleados pusiéramos cierta cantidad de dinero, 2.300 pesos, que yo consideré abusivo. Yo me negué y el diputado tomó la decisión de dejarme sin trabajo. Me dio de baja el 28 de febrero y yo recién me enteré el día 10 de abril”, había comentado Bazán en ese momento.

Por su parte, el diputado se defendió afirmando que lo que señalaba Bazán “es falso”. “Bazán no iba nunca a trabajar a la oficina. El sueño que él tenía era seguir siendo ñoqui, como lo era en la gestión anterior, en la que no iba nunca a trabajar. Como todos los partidos, nosotros hacemos el descuento a los que pertenecen a la planta política, que aportan voluntariamente el 5 %”, contó en ese momento.

La resolución

La decisión de Acuña ante este expediente no es nueva, ya que tomó la misma postura en casos similares anteriormente. La última vez que falló de esta forma fue en la investigación por las presuntas coimas que habrían cobrado los miembros de la Cámara de Apelaciones, Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales. Luego de que se abriera de oficio una investigación contra los jueces, la causa recayó sobre la Fiscalía de Delitos contra la Administración a cargo de Facundo Barros Jorrat, quien consideró que había elementos para que se realice la investigación jurisdiccional. En ese sentido, remitió las actuaciones al Juzgado de Acuña, que estaba de turno, pero éste le devolvió el expediente.

Con la denuncia contra Ávila ocurrió un hecho similar. El expediente estaba en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Administración, en ese entonces a cargo de Marcelo Sago.

El fiscal remitió el expediente al Juzgado de Control de Garantías N°2 a cargo de José Antonio Carma, quien ordenó algunas medidas de prueba que no trascendieron.

Posteriormente, Carma dejó el juzgado para acogerse al beneficio de la jubilación y su lugar fue ocupado por Cecilia Mas Saadi, quien en los últimos días tomó licencia por maternidad. Ante su ausencia, el Juzgado quedó a cargo de Acuña, quien actúa como juez subrogante.

Luego de la decisión de Acuña de remitir el expediente a la Fiscalía, Barros Jorrat tiene como opciones acatar el fallo del juez o apelar la medida. Como en el caso de Morales-Da Prá apeló la resolución, se espera que haga lo mismo en este caso.

Fundamentos

Según la información a la que accedió El Ancasti, entre los fundamentos que Acuña mencionó en su resolución recordó la decisión tomada en el caso Morales-Da Prá. "Dicha circunstancia obliga al suscripto, por razones de coherencia y honestidad intelectual, reiterar los fundamentos de la alegada inconstitucionalidad del referido instituto procesal", indicó el juez.

En tal sentido, el magistrado señala en su dictamen que la normativa procesal que regula el procedimiento para legisladores, magistrados o funcionarios sujetos a juicio político, "merece serios reparos a su funcionamiento, de orden constitucional y sistémico procesal, pues acarrea seria afectación a las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso legal e inviolabilidad de la defensa, con claro y evidente menoscabo al servicio de justicia penal en la Provincia". En ese marco, advierte que tanto la Constitución nacional como la provincial no establecen ningún procedimiento especial para investigar a una persona con fueros, por lo que consideró que los artículos del Código de procedimiento penal de la Provincia vinculados a la investigación jurisdiccional son inconstitucionales. "La ley procesal no puede reglamentar inmunidades que la propia Constitución no reconoce, mucho menos para establecer privilegios irritantes contrarios a los principios constitucionales de igualdad ante la ley y ante los tribunales justicia", indicó.

Finalmente, argumenta Acuña, que la Investigación Jurisdiccional genera “morosidad judicial y administrativa; desafueros irresueltos; extinción de la acción; y archivo final, lo que implica que por dicha vía resulta imposible el cumplimiento del adecuado servicio de justicia penal en la provincia".

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