El fiscal Carlos Stornelli, decidió imputar a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por presuntas irregularidades en la contratación de una firma de comunicación llamada Consuasor (con lazos en el Pro) por $82.500 mensuales para realizar tareas de comunicación estratégica, que incluyen prensa y manejo de redes. Ante la denuncia, la investigación recayó sobre el juez Sebastián Casanello.
La denuncia por presuntos negocios incompatibles con la función pública, malversación de caudales e incumplimiento de funciones había sido presentada el 17 de julio pasado por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien recogió una serie de notas publicadas por los diarios Página/12 y Letra P que afirmaban que Alonso contrató a Consuasor por un monto de 990.000 pesos anuales (82.500 pesos mensuales) y trató de ocultar el vínculo.
Página/12 publicó estas notas en enero de este año, donde denunciaba a la titular de la Secretaría de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cuya tarea es precisamente investigar conflictos de intereses estatales y privados.
Según señala el medio, la OA contrató en 2017 "a una empresa que dirigía el fallecido Juan Gentile, ex jefe de prensa del bloque PRO en el Congreso entre 2008 y 2012, responsable de prensa del PRO entre 2012 y 2015 y subsecretario de Comunicación Pública desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri".
"Quien ahora la dirige es Facundo Sosa Liprandi, gerente de Comunicaciones del PAMI entre 2012 y 2015. El tercer socio fundador de Consuasor es Alejandro Giúdice, ex jefe de Relaciones Institucionales de Walmart", advierte el medio.
Más adelante, detalló que la consultora prestaba servicios para al menos media docena de dependencias gubernamentales de la gestión de Cambiemos y que también asesoraba a funcionarios que la OA debía controlar.
La misma OA admitió que contrató a Sosa, Liprandi y Giúdice desde marzo de 2017 y que estipuló un sueldo mensual de 44 mil pesos para el primero y 38.500 para el segundo durante 2018. Alonso se había despachado por Twitter para desligarse de la denuncia al referirse a las “fake news”. Sin embargo, cuando trascendió el convenio firmado por la OA, Alonso dio de baja el contrato de 1 millón de pesos que tenía con la consultora.
En la presentación realizada por Mertínez Herrero se subrayó que el convenio con Consuasor “no se trata de un mero contrato obtenido presumiblemente gracias a un vínculo político sino que la empresa se dedica nada menos que al lobby, lo cual pone a Alonso ante un evidente conflicto de intereses”.
Además, puntualizó las deudas que la consultora tenía con el fisco, “la alta rotación de ‘prenseros’, a pesar de lo cual Consuasor fue ganando terreno”, entre otras irregularidades.
