Ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes del Senado una impugnación contra los pliegos de la abogada María Guadalupe de Fátima Pérez Llano que fue propuesta por el Ejecutivo provincial para ocupar el cargo de jueza de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Menores de I Nominación de la Primera Circunscripción Judicial.
La presentación, fue realizada por la jueza de Primera Instancia en lo civil de 5° nominación, Marcela Soria Acuña, quien justamente participó en el concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para ocupar el puesto al que Pérez Llano es propuesta.
De acuerdo al documento al que accedió El Ancasti, Soria Acuña justificó su planteo al indicar que ella resultó primera en el orden de mérito para ocupar el cargo, a una diferencia de más de 11 puntos con relación a Pérez Llano que quedó segunda.
Además, destacó la "ilegitimidad" que afecta a la elección de Pérez Llano al indicar que el Tribunal Examinador estuvo integrado por el abogado Marcelo López Mesa y que el Consejo de la Magistratura está integrado por el asesor General de Gobierno, Pablo Gallardo, quienes tienen o tuvieron "un vínculo de estrecha colaboración y trato frecuente muy cercano, desempeño laboral y profesional directo y una relación de contratación económica", con la letrada propuesta.
Soria Acuña resaltó que estos hechos "jamás fueron transparentados en el concurso", a los participantes del concurso.
En cuanto al vínculo con Gallardo, afirmó que Pérez Llano es "su mano derecha" con "quien trabaja cotidianamente en el mismo organismo y de quien depende orgánica y funcionalmente". En ese sentido, resaltó que la abogada es la directora de Coordinación del Cuerpo de Abogados del Estado de la Asesoría General de Gobierno que Gallardo comanda.
En lo que refiere al vínculo con López Mesa, la impugnante advierte que la Asesoría General de Gobierno, lo contrató para que dicte un posgrado denominado "Diplomatura de Derecho Privado Patrimonial en el que los tres mencionados tiene un rol de estrecho trato, desempeño y participación".
Más adelante y por esta situación, señaló que "se evidencia una vulneración del principio de igualdad de trato, debido proceso e igualdad de oportunidades para el resto de los concursantes".
"El respaldo y protección de Gallardo en relación a Pérez Llanos quedó en certeza indudable con el hecho de haber logrado que la gobernadora dejará de lado el orden de mérito del concurso y eligiera a Pérez Llanos, funcionara pública dependiente directa de Gallardo", añade.
Defensa propia
La impugnante aclaró que la gobernadora "es ajena a toda maniobra o conducta irregular y a toda la ilegitimidad que surge de la exclusiva actuación en el concurso de Gallardo", añadiendo que es el funcionario el que debe asesorar a la mandataria para que elija entre los integrantes de la terna.
Posteriormente defendió su postulación para el cargo, por "haber obtenido el mayor puntaje y el primer puesto en un proceso exhaustivo" y agregó que, a diferencia de Pérez Llano, ella no tiene ningún "vínculo" con los miembros del Consejo. Más adelante, aclaró que si bien, el Ejecutivo tiene la facultad para elegir a cualquiera de los propuestos en la terna elevada por el Consejo de la Magistratura, "cuando decida apartarse de ese orden de mérito debe motivar o dar las razones de su elección".
Finalmente, la magistrada solicitó al Senado que "evalúe de manera exhaustiva y con detenimiento los hechos y circunstancias" que presentó, teniendo en cuenta que son ellos los que definen los cargos en la Justicia y pidió que los pliegos de la abogada Pérez Llanos sean rechazados.
Posturas divididas
La impugnación contra la letrada propuesta por el Ejecutivo provincial, colocó a los senadores en una posición difícil porque algunos reconocen que el plateo realizado por Soria Acuña es correcto y por lo tanto los pliegos de Pérez Llano deberían ser rechazados. Aparte de su pedido, Soria Acuña presentó documentación que respalda su solicitud y requirió que se tomen algunas medidas de prueba para que sean sumadas al expediente. Para el próximo miércoles, la abogada está convocada para que la Comisión que analiza sus pliegos le realice la entrevista personal.
En la oportunidad, los legisladores le consultarán sobre la presentación que se realizó en su contra.
Luego de la entrevista, la Comisión debe elaborar un dictamen aprobando o rechazando los pliegos, que será puesto a consideración del pleno de la Cámara.
