La decisión de elevar a juicio a la mitad de los gremialistas integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Valle Viejo involucrados en las manifestaciones de diciembre de 2016 se basó en que los más complicados fueron identificados por varios testigos, mientras que para el resto no se encontraron pruebas suficientes. Además, el fiscal insistió en que no se vulnera el derecho a huelga de los trabajadores.
Como se informó la semana pasada, el tribunal integrado Edgardo Álvarez, Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales resolvió por unanimidad dictar la elevación a juicio de Jorge Escalante, Hugo Olmos, Verónica Paola Herrera, Jorge Edgardo Figueroa y Javier Andrada, todos integrantes del SOEM chacarero, por el delito de entorpecimiento del tránsito sobre la ruta nº38 en diciembre de 2016, cuando bloquearon el paso de los vehículos para reclamar por el pago de aguinaldos.
Según entendieron los camaristas, quienes fueron elevados a juicio fueron identificados por personal policial que intervino en las actuaciones del día de la manifestación, pero también fueron reconocidos por otros testigos del propio municipio; mientras que quienes fueron sobreseidos, si bien también fueron identificados por la policía, no hubo otros testigos que los ubicaran en el lugar.
Para el juez Morales, no hay dudas sobre la existencia del delito, sin embargo argumentó que es difícil establecer con "precisión quirúrgica" la responsabilidad de cada uno de los participantes, atento a que hubo muchas personas involucradas. Por este motivo es que toman especial validez los testimonios que ubicaron a los imputados en actitud delictiva.
Por su parte, aunque votó en coincidencia con sus pares, Da Prá consideró que la declaración de un efectivo policial sí reúne las condiciones de admisibilidad.
Por último, para Álvarez las pruebas en contra de quienes resultaron finalmente beneficiados por el sobreseimiento son insuficientes y destacó que tampoco hubo medidas que ayudaran a individualizar correctamente a todos los autores del hecho. Además, sostuvo que por el tiempo transcurrido desde esa manifestación es inviable solicitar la confección de un croquis, ordenar una inspección ocular detallada, o tomar nuevos testimonios a otros empleados, o a trabajadores de comercios cercanos.
Aclaración de Walther
Al momento de apelar el sobreseimiento de los doce gremialistas, el fiscal de Instrucción nº4, Ezequiel Walther, aclaró en su presentación que el proceso "no judicializa en modo alguno la protesta social", sino que apunta a garantizar el derecho a transitar de los ciudadanos.
Polémica
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2016, año más que conflictivo en la Municipalidad de Valle Viejo, con tensión permanente entre los gremios y el Ejecutivo.
Por el reclamo que inició esta causa, el secretario de finanzas del SOEM, Jorge Escalante, estuvo detenido poco más de 24 horas por desobediencia judicial, cuando se presentó a la Justicia a conocer cuál era su situación procesal y fue informado de que pesaba sobre él una orden de detención.
Cuando recuperó la libertad, Escalante fue a Fiscalía General acompañado por miembros de la Federación de Empleados Municipales y denunció al fiscal Walther por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público, causa que hasta el momento no tuvo avances.
La semana pasada, conocida su elevación a juicio, Escalante tildó de "insólita" la decisión de la Cámara de Apelaciones e insistió en que se trata de una maniobra de Walther para evitar que avance el proceso en su contra.
