es la que investiga la justicia federal y tiene como principal involucrado al ministro rubén dusso

La causa de las coimas millonarias tiene su pista local

La investigación tiene un importante avance. Actualmente están declarando los empresarios involucrados.
jueves, 02 de agosto de 2018 · 04:06

Catamarca no está exenta de la megacausa que investiga el pago de coimas a funcionarios públicos durante la administración kirchnerista. En la Justicia Federal local existe una investigación que sigue la pista de un circuito de corrupción en la obra pública provincial, donde el principal involucrado es el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, y el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (hoy preso), entre otros funcionarios.


La causa se inició de oficio luego de que el empresario Jorge Marcolli denunciara que en los primeros años del kirchnerismo, cuando Dusso era presidente de la Cámara de Contratistas del Estado, éste lograba conseguirles obras a empresarios amigos a cambio de un retorno del 3% del monto total de la obra.


El mecanismo requería que los constructores que accedían a la obra pública depositaran un retorno que iba directo al Gobierno nacional gracias a la participación del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, López, y del ex secretario de la Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, ya fallecido. 


Según Marcolli, Nación depositaba un adelanto financiero en una cuenta corriente especial, en la que no había intervención de los organismos provinciales. Al día siguiente del depósito, los empresarios debían retirar un monto de entre el 3 y el 5% de lo transferido y llevarlo hasta la oficina de Dusso, quien llevaba el dinero hasta el aeropuerto Felipe Varela y lo entregaba a un enviado de López.


La causa tuvo un importante avance en la Justicia Federal y mucho de lo que denunció el empresario se comprobó. En ese sentido, el propio fiscal federal Santos Reynoso había advertido que un "80% de los hechos podría haber ocurrido".


En este sentido, fruto de la investigación, se pudo probar que de los tres programas de viviendas que se manejaron durante la gestión kirchnerista hubo al menos uno en el que el IPV no intervino a la hora de enviar los anticipos financieros de las obras. El programa en cuestión fue el "Plan Federal de Viviendas I", donde el Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido comprometió 120.000 viviendas en todo el país y los IPV debían firmar los convenios con cada empresa. En Catamarca se dispuso que la financiación fuera mediante el IPV con cuentas bancarias abiertas específicamente para esto. Posteriormente esto se modificó y no se giró el dinero a través del IPV, sino directamente desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación a las cuentas de las empresas.


En el marco de esta causa, la Justicia llamó en febrero de este año a los 28 empresarios que registraron aperturas de cuentas durante el tiempo que duró ese plan para que expliquen las razones por las cuales recibieron el dinero directamente desde la Nación y no con el IPV como intermediario.

Otros avances
Pero la Justicia tomó otras medidas para avanzar en la causa. Entre ellas, estuvo investigar las cuentas bancarias de los empresarios en cuestión, además de solicitar al aeropuerto catamarqueño que informe sobre los vuelos que se habrían realizado en el tiempo que denunció Marcolli. En ese sentido, se encontró que al menos uno de los que llegó a la provincia pudo haber traído a un funcionario nacional.


Ocurrió el 23 de marzo de 2005 en un avión que arribó proveniente de Buenos Aires y en el que llegaron 92 pasajeros. Uno de ellos viajó con categoría de exento. Esta categoría es para casos de infantes menores de dos años o de funcionarios públicos o diplomáticos. La Justicia confirmó que no se trataba de un niño porque no figuraba ninguno en la planilla.


En el marco de la investigación, la Fiscalía Federal maneja la hipótesis de que se trataría de un delito de "concusión", diferente a un "cohecho" y en el que no habría responsabilidad de los empresarios involucrados. El organismo llegó a esta conclusión al considerar que el cohecho es un acto bilateral, en el que hay un acuerdo entre las partes. Sin embargo, en este caso, el no pago del supuesto retorno habría sido compulsivo para los empresarios porque iban a ver afectada su economía.

 

El avance de la causa

Agosto de 2016. Marcolli denuncia un mecanismo por el que se cobraban retornos en la obra pública.

Octubre de 2016. La Justicia Federal actúa de oficio y cita a declarar a Marcolli.

Noviembre de 2016. Fiscalía Federal comprueba que durante el período que denunció Marcolli se abrieron 31 cuentas bancarias, en las que se habrían depositado los adelantos financieros.

Mayo de 2017. Se comprobó que el aeropuerto Felipe Varela recibió vuelos en los que podrían haberse enviado los retornos. 

Febrero de 2018. Citan a declarar a 28 empresarios involucrados en las licitaciones del Plan Federal de viviendas, cuestionado en la denuncia.

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