lunes 18 de marzo de 2024
Se trata del titular de Hidrovías, Carlos romero

Empresario admitió que pagó por una concesión

El Gobierno de Cristina Kirchner le había extendido el negocio del peaje marítimo hasta 2021.

Por Redacción El Ancasti

La causa de los cuadernos de las coimas continuó sumando más declaraciones polémicas que involucran al matrimonio presidencial.

Gabriel Romero, titular de Hidrovía S.A., admitió que pagó sobornos al gobierno kirchnerista y sumó más detalles sobre el pago de las coimas  en la obra pública.

Un empresario confesó que pagó US$ 600.000 por un decreto de Cristina Kirchner

La declaración de Romero no solo  es clave en el caso de los cuadernos de las coimas, sino para la causa en que se investigaba irregularidades en la polémica concesión para el cobro de peajes hasta 2021.

El empresario confesó ayer en su indagatoria –tras acogerse al régimen del arrepentido-, que "pagó sobornos por el decreto 113/2010”. Ese decreto fue firmado por Cristina Kirchner en el 2010 y prorrogó sin licitación la concesión a favor de esa empresa hasta el 2021, lo que complica más la situación judicial de la ex presidenta, según publicó Clarín.

Con ese decreto se definió el negocio del drenaje y el cobro de peajes a todos a todos los buques que entran por el canal Mitre a Rosario y luego siguen hasta Asunción y es multimillonario.

La historia sobre el cobro de peajes se remonta al 2001, cuando el ex presidente, Eduardo Duhalde, permitió seguir cobrando el peaje en dólares, pese a que había pesificado toda la economía tras la salida de la convertibilidad. Desde ese momento la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, hizo varias denuncias sobre todo porque sospechaba que un sector del radicalismo le da respaldo político a Romero.

Antes que Carrió, en el 2010, el abogado Francisco Pizarro Posse hizo una denuncia penal contra el consorcio Hidrovía S.A. La firma está en manos de Romero y la compañía belga Jan de Nul. Romero tenía muy buenos vínculos con el Gobierno K. En el 2009, Romero participó de una cena de empresarios con Cristina en Olivos. De Nul estuvo investigado por la Justicia en Bélgica por corromper a un funcionario.

Pizarro Posse fue el denunciante que originó este expediente que lleva más de 15 años en Tribunales. En el 2010, Pizarro Posse  (fallecido) se presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral solicitando se suspendan las obras hasta que se esclarezcan los nuevos hechos denunciados.

Negocio

La maniobra generó un enorme negocio. En 2009, por ejemplo, se exportaron 18 mil millones de dólares de cereales desde esa vía concesionada por donde pasa alrededor del 80% de las exportaciones agropecuarias del país. Según el denunciante, Hidrovía tuvo entre el 2007 y el 2009 “una ganancia anual de 120 millones de dólares”. Además, el abogado había pedido a la justicia que investigue por qué la empresa “cuadriplicó sus gastos en honorarios” en sus balances, porque sospechaba que encubrían sobornos. Por ejemplo, en el 2007 dijo que gastó 60 millones en ese rubro, según publicó en un informe ese medio.

Con el decreto de Cristina, el Estado le dio a Hidrovía, además, un subsidio total de U$S 112.500.000 en tres años para ayudar en la ampliación de la primera etapa de dragado del canal (que va desde Santa Fe a Confluencia). Asimismo, del peaje que le cobra a los buques de ultramar por transitar por el canal. El denunciante dice que Hidrovías lo aumentó en un “81 % en dólares”.

Las denuncias por irregularidades formaron parte de un largo proceso, pero que nunca tuvo mayores avances.

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