SEGÚN LA JUSTICIA, SE PAGARON 200 MILLONES DE DÓLARES EN SOBORNOS

Wagner dio detalles de la cartelización en la obra pública

El titular de la firma ESUCO y ex presidente de la Cámara de la Construcción reconoció que pagó coimas.
domingo, 12 de agosto de 2018 · 04:12

El ex presidente de la Cámara de la Construcción Argentina, Carlos Wagner, recuperó la libertad luego de dar cuidadosos detalles de cómo se cartelizó la obra pública durante la gestión kirchnerista, y reconoció que de las obras adjudicadas se pagaron retornos de entre el 10 y el 20% del valor. El proceso es similar al que se denunció en 2016 en Catamarca (ver aparte), y según aseguran desde la Justicia Federal se habrían pagado más de 200 millones de dólares en coimas a funcionarios públicos.

En los tribunales de Comodoro Py y ante el fiscal Carlos Stornelli, Wagner relató cómo se creó el conocido "Club de la obra pública", que funcionaba con un sistema "que le servía a las empresas que eran parte del club". Según se desprende de su declaración, en una reunión con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, se comenzó a gestar el sistema de la cartelización de las obras. "A todas las firmas se les pedía un porcentaje de los contratos recibidos. las licitaciones se conocían y se definía de antemano quiénes se presentaban y cómo ofertaban. Así se podía controlar cómo se distribuían los contratos", reconstruyó el diario Clarín, en base a los dichos del empresario.

Según detalló, cada contratista debía coordinar con el ex secretario de Obras Públicas, José López, o con el número de De Vido, Roberto Baratta la modalidad de pago. Esa devolución eran los retornos, que podían variar entre el 10% y el 20% del valor de las obras; aunque también se entregaron certificados de obra como coimas. El sistema tenía a De Vido como organizador y López y Bartta como ejecutores.

El dueño de la constructora ESUCO, que en Catamarca trabaja en una Unión Transitoria de Empresas con Decavial para la construcción de la ruta 46 en el tramo Andalgalá-Belén, fue aceptado por Stornelli como "imputado colaborador" (arrepentido) y logró un acuerdo que ratificó el juez Claudio Bonadío.

La declaración de Wagner fue calificada como de "gran relevancia para la causa", ya que marcó una importante diferencia con lo que habían declarado otros empresarios arrepentidos, que negaron haber pagado coimas pero reconocieron haber hecho aportes voluntarios a las campañas del kirchnerismo.

Según detalló Clarín, ahora están en la mira de la Justicia las principales contratistas de la gestión K, y algunas de la actual gestión. Es que según la acusación de Stornelli los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron 35.645.000 dólares en un sinnúmero de oportunidades entre 2008 y 2015. "Es por ello que para la Justicia esto permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita", señalaron.

La declaración de Wagner forma parte del expediente que se inició con los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien registró los movimientos de fondos ilegales, que para la Justicia podrían ascender a 200 millones de dólares. Allí, Wagner está imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita, sin embargo recuperó su libertad (había sido detenido el 6 de agosto) ya que por su confesión exigió la excarcelación mientras dure el proceso y una reducción de pena.

De Vido
El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sostuvo que no formó parte de ninguna asociación ilícita y pidió su sobreseimiento en la causa por los cuadernos con detalles de presuntas coimas en obras públicas durante su gestión. "Niego total y categóricamente los hechos que se me están atribuyendo. Se trata de afirmaciones imprecisas, desprovistas de tiempo lugar o modo", señaló mediante un escrito que presentó ante el juez Bonadio.

En el texto, el ex funcionario aseguró se trata de una persecución penal en su contra. De esta manera, negó "ser parte de un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal y enriquecerse ilegítimamente y de utilizar parte de esos fondos para la comisión de otros delitos" y tildó la imputación de "descabellada".

"No recibí dinero en bolsos, bolsitas, sobres ni cajas, es una acusación falaz", apuntó.
Además, cuestionó que la causa esté en poder del juez Bonadio y pidió su sobreseimiento, algo que el juez definirá una vez finalizada la ronda de indagatorias. Por otra parte, De Vido dijo que nunca utilizó los servicios de "chofer o remisero", en referencia a Oscar Centeno, quien registró en ocho cuadernos presuntos pagos ilegales de empresarios cuando trabajaba bajo las órdenes de Baratta, quien fuera su mano derecha en Planificación Federal.

En Catamarca

Los  hechos que se investigan en la justicia federal  fueron denunciados por El Ancasti a partir de una trama similar.

A principios de 2012, varias empresas constructoras se repartieron 39 obras del IPV, un total de 1.300 viviendas cuyo costo total ascendía a más de 211 millones de pesos, antes de que se concretaran las respectivas licitaciones.

Los primeros indicios de la “cartelización” se manifestaron en una lista que circuló las semanas previas a la licitación donde supuestamente los interesados competirían para quedarse con el negocio. En esta nómina, que llegó a manos de El Ancasti, se asignaba cada obra a una empresa determinada.

Cuando se abrieron las ofertas en el IPV, que ya entonces era conducido por el actual administrador, Dante López Rodríguez, la distribución se correspondía con muy escasas variantes con la de la lista previa.

No hubo competencia efectiva en ninguna de las 39 licitaciones que conformaban la megalicitación, pues se presentó una sola oferta por barrio.
Solo tres de las firmas que figuraban en la lista previa no compulsaron. El resto lo hizo, en su mayoría exactamente en la licitación que se les habría asignado con anterioridad.
Un total de 27 ofertas coincidieron exactamente con la lista previa: casi el 70% del total. Dos licitaciones que en la lista original estaban en blanco no registraron ofertas. En otras que tampoco figuraban como asignadas previamente se presentaron firmas que ya tenían otro negocio cerrado.
En agosto de 2016, el empresario de la construcción, Jorge Marcolli, denunció públicamente un mecanismo por el que se cobraron retornos en la obra pública durante la gestión del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, y el ex secretario de la Vivienda de la Nación, Luis Bontempo; e involucró al ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, a quien señaló como nexo necesario.
Según Marcolli, los empresarios que querían acceder a una obra de viviendas debían crear una cuenta bancaria especial, a la que se depositarían adelantos de las obras. De estos adelantos surgían los retornos, que eran recolectados por Dusso para que alguien en el Aeropuerto los retirara. 

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