Desde hace 4 meses la familia desalojada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de su casa en Valle Chico no logra sobreponerse al daño causado por el organismo provincial.
Es que tras la medida arbitraria, Rita Tolosa y su hijo de 18 años deben vivir de prestado, afrontando a diario los gastos que ello demanda. Tras la medida orquestada por el titular del organismo, Dante López Rodríguez, ambos tuvieron que destinar los escasos ingresos con los que cuentan para hacerse de ropa, calzado, uniformes y útiles escolares, además de los gastos diarios de alimento para tratar de reconstruir la vida diaria que les fue despojada.
“Es tremendo el daño que le han hecho a mi familia. Tuvimos que empezar de cero con mi hijo”, dijo la mujer recordando todo lo que le tocó vivir el 4 de abril, cuando -sin una orden judicial- efectivos policiales le impidieron el ingreso a su vivienda bajo una medida tomada por el IPV.
Desde ese día la mujer y su hijo no pudieron ingresar más a la vivienda, tampoco hacerse de elementos indispensables para su vida diaria.
Pese a que la familia solicitó formalmente tener acceso a sus pertenencias, la autorización llegó varios días después pero de poco sirvió. Según recordó Tolosa, el permiso fue concedido bajo la presencia de un abogado del IPV y de una escribana, pero fueron los policías que se encontraban bajo la custodia de la vivienda quienes entregaron unas pocas pertenencias de lo solicitado.
De esta entrega, se obviaron elementos indispensables como ropa de abrigo, calzado, uniforme, útiles escolares, elementos de higiene, alimentos, dinero y demás. “A mi hijo le dieron una musculosa”, recuerda la mujer entre risas desorientadas como si hubiera sido una broma de mal gusto.
Pero también se quitó de la lista de urgencia prendas que conformaban parte del trabajo que la mujer desarrollaba en calidad de changas para mantenerse junto a su hijo. “Quedé tan mal con esa gente que confió en mí”, dijo como si esos trabajos de costura en algún momento estuvieran por encima de lo que significó que la despojaran de su propia casa.
Pero además de los objetos, el atropello cometido por el IPV significó que la familia perdiera incluso una audiencia vital de demanda por alimentos, que volvió a foja cero porque la notificación nunca llegó a sus manos.
Denuncia
Las irregularidades cometidas por el organismo encargado de atender la demanda de vivienda de la sociedad catamarqueña se encuentran ahora en manos de la Justicia.
La feria judicial extendió la posibilidad de una resolución en la causa que tiene en sus manos la titular de la Fiscalía N°8, Miriam López. La familia espera con ansias que en los próximos días se expida.
La denuncia penal realizada por Tolosa fue por “usurpación, violación de domicilio y supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Como parte del proceso ya declararon testigos que ratifican que la familia habitaba la vivienda y echa por tierra los argumentos esgrimidos por el IPV de que la vivienda se encontraba en riesgo de ser usurpada, a la que además ordenó un allanamiento sin la intervención de un juez. E incluso inició un procedimiento de desadjudicación después de que la Policía impidiera su ingreso a la vivienda.
Mientras, la familia sigue pagando por la casa que no puede habitar y gastando dinero en poder mantenerse lejos de su hogar; el IPV sigue demandando una consigna policial para custodiar la vivienda de sus legítimos dueños, o quizás de posibles usurpadores, que quizás a esta altura tienen más derecho que quienes legalmente accedieron a ese beneficio y que pagan por ese derecho. Y privando además a los habitantes de Valle Chico de disponer de mayor personal abocado a su seguridad.
Lejos de revisar la situación y de hacerse eco de los pedidos desesperados de la familia, el IPV siguió con su proceso, sin hacer mea culpa del proceso por lo menos irregular.
Ahora la resolución está en manos de la Justicia, que determinará si es que se cometió abuso de autoridad por parte del titular del IPV, Dante López Rodríguez, y si es que se actuó con irresponsabilidad.