El fiscal de Estado, Carlos Bertorello, se mostró conforme con la resolución del Juzgado Comercial Nº2, a pesar de que fue declarado inadmisible el reclamo inicial por $257 millones que el Estado exigía a la empresa Capdevila por la construcción de un Estadio a nuevo. "Estamos en una posición jurídica inmejorable", consideró. Y adelantó que pedirán nuevas pericias.
En diálogo con la prensa, el funcionario explicó que la tarea de su área es conseguir "la mejor posición para el Estado, y en este caso tenemos el manejo del concurso. Es una posición jurídica excelente", insistió, aunque reconoció que en el Gobierno entendían que se debía reconocer la destrucción total.
"Ahora vamos a revisar la sentencia y vamos a solicitar otro tipo de pruebas para establecer los montos que puede requerir la reparación. Vamos a requerir pruebas de ingeniería, arquitectura, estudios de suelo, y seguramente requeriremos de profesionales especializados", adelantó Bertorello.
Sobre la cifra que la Justicia declaró admisible, de casi $44 millones, el fiscal explicó que es el crédito más alto entre los que se admitieron, y eso le da poder al Estado. "Desde que inició la causa, todo ha variado. Estamos hablando de valores históricos, porque todo fue aumentando, pero nosotros somos los que tenemos que dar la conformidad, y si no recibimos una oferta satisfactoria no vamos a aceptar.
Tiene que ser una propuesta que implique la reparación adecuada del Estadio para que se pueda utilizar conforme normativas de seguridad", explicó.
Sobre la continuidad de la causa, comentó que la próxima instancia es para que el síndico presente un informe de la empresa desde que denunció la cesación de pagos, su capacidad para afrontar los créditos, y otras pericias contables. "Después la empresa tiene que hacer un proceso de categorización, determinar en qué instancia está cada acreedor, y después inicia el período de exclusividad en el que se presentan los acuerdos. Allí la empresa debe asegurar que tiene un acuerdo con cada acreedor para solucionar el crédito", indicó.
Sobre ese acuerdo entre la empresa y los acreedores, Bertorello indicó que al Gobierno "no le interesa el dinero". "A nosotros nos importa que nos arreglen el Estadio, que se pueda utilizar. Si eso no es posible, ahí sí el resarcimiento económico para poder hacerlo. Y si eso no ocurre, pedimos la quiebra", sostuvo.
Al respecto, consideró que todas estas instancias podrían darse en un plazo de unos 120 días.
La resolución judicial
Las explicaciones de Bertorello surgen luego de que se conociera que la jueza comercial nº2, Cecilia del Carmen Delgado, declarara inadmisible el principal reclamo del Estado y le reconociera créditos con la empresa Capdevila por poco más de $43,9 millones.
En este sentido, solo se declaró como verificado un crédito a una compañía de seguros, mientras que se declararon admisibles otros 14 y se rechazaron otros cuatro.
En total, Capdevila deberá responder por la suma de $49.120.304,40, de los cuales el 89% corresponden al crédito reconocido al Estado provincial.
A la jueza le llamó la atención que el Estado hiciera tres pedidos distintos en torno al Estadio Bicentenario: $257 millones por su ruina total, $44 millones si se le reconocía la ruina parcial, y en paralelo tiene una demanda por daños y perjuicios en la que reclama $39 millones.
