Más de 146 millones de pesos es lo que Nación adeuda aún a la provincia de Catamarca en fondos destinados a la ejecución de viviendas. Pese a que el mes pasado el Gobierno nacional destrabó partidas por $44 millones de $150 millones que debía, la deuda nacional volvió a incrementarse en las últimas semanas con las nuevas rendiciones realizadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y quedó en $146 millones.
El compromiso está en que en julio se cumpliría con el pago no solo a Catamarca sino al resto de provincias que esperan los fondos para construir y avanzar con las viviendas. Sin embargo, transitado ya medio mes todavía no hay novedades.
Este viernes las provincias que integran el NOA se reunirán en Santiago del Estero con la intención de insistir en el desembolso nacional.
Tiempo atrás, durante la reunión del Consejo Nacional de la Vivienda que se realizó en Chaco, el Gobierno nacional había comprometido el pago del dinero en mora y además regularizar el envío mensual de los fondos.
La deuda corresponde en gran parte a certificaciones de obra.
Unos 118 millones forman parte de lo que se adeuda al IPV; en tanto que otros 25 millones deben ser destinados a la Secretaría de la Vivienda.
Dante López Rodríguez, titular del IPV, señaló que cerca de 100 millones ya se encuentran devengados, es decir que solo resta la autorización para el pago. El resto de los fondos corresponde a trámites en proceso avanzado y que no cuentan con observaciones.
Según señaló, la mayor parte de las 1.350 viviendas en ejecución se encuentran con un avance del 85%.
Destacó que la gobernadora Lucía Corpacci, tomó la decisión de avanzar las obras con recursos propios y se espera que entre fines de agosto y septiembre se puedan entregar viviendas en Capital, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Chumbicha y otros.
Las obras corresponden a licitaciones realizadas entre 2014 y 2015 y desde la fecha no se volvió a licitar en la provincia, por lo que de no realizarse este proceso el impacto en el mercado laboral es inminente.
La compleja situación generó que en los últimos años los inscriptos en el IPV sigan incrementándose y se produzca un desfasaje habitacional. El organismo cuenta con un padrón de 18 mil inscriptos, de los cuales unos 10 mil se encuentran a la espera de una vivienda.
La situación también impacta en la generación de trabajo para las PYMES locales, que ya tiempo atrás habían empezado a tener los primeros cimbronazos por la demora de fondos. El funcionario destacó que por cada vivienda que se construye genera trabajo para al menos dos catamarqueños, por lo que se estima que unas 2.600 familias hoy viven de la obra pública (en relación con las viviendas que actualmente se encuentran en ejecución).