En el contexto de la polémica que mantuvo con el diputado opositor Francisco Monti respecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ( IVE), la diputada Adriana Díaz (FJPV - PI), aportó datos locales referidas a las mujeres que atraviesan el traumático momento del parto clandestino. Y, en ese sentido, cuestión la visión de Monti que se mostró contrario a la aplicación del proyecto por razones presupuestarias.
En ese sentido, señaló: “Mi equipo de trabajo investigó y buscó información en diferentes ámbitos sobre la situación provincial en el tema. Puedo destacar como ejemplo, al equipo de Riesgos y Daños de la Maternidad Provincial, quienes implementan el protocolo Interrupción Legal del Embarazo (ILE) desde el año 2014. Según estadísticas y recolección de información con profesionales, en la Maternidad, ingresan en el año alrededor de 500 a 600 mujeres en situación de aborto, y de ellas un cinco por ciento son internadas en terapia intensiva por presentar signos de infección. Desglosando esta información, podemos precisar que las mujeres requieren desde un día a tres de internación, con un costo promedio de 15 mil pesos en terapia y de 1000 pesos en caso de que sólo sea internación común. Sin sumar los gastos de cirugías en caso de ser necesarios”.
Añadió que “el costo o inversión en salud recae exclusivamente en la provincia, por lo que mal informa Monti al señalar la novedad. El tema ya está en nuestra realidad catamarqueña. El aborto existe y con el IVE se busca básicamente reducir gastos, invertir en salud y evitar muertes de mujeres”, resaltó.
“También podemos abundar que el equipo de la Maternidad resaltó que durante muchos años, el tratamiento de elección para completar la evacuación uterina fue el legrado uterino instrumental (LUI). Actualmente, la técnica se encuentra en desuso, ya que existen otras opciones menos invasivas para la mujer. El tratamiento médico con misoprostol y la técnica de aspiración endouterina, ya sea manual o eléctrica, surgen como dos opciones terapéuticas aceptables, seguras y eficaces y además menos costosas”.
“No es una cuestión presupuestaria sino que es un tema salud pública”, concluyó.