El jueves pasado, el Concejo Deliberante de la Capital sancionó por la mayoría aplastante del FJV una ordenanza que extiende el plazo de las subrogancias de los Juzgados de Faltas a cargo de los secretarios. La medida fue cuestionada por el FCS-Cambiemos, que advirtió que judicializaría la norma puesto que consideran que ni siquiera se respetaron los mecanismos de sanción establecidos en el reglamento interno del propio CD. Sin embargo, la polémica suma ahora un nuevo actor.
El abogado Carlos María Molas Aguiar, primero en la lista de conjueces titulares, adelantó a El Ancasti que analiza qué medidas tomar en esta situación. Advirtió que podría haber una usurpación de títulos en el Juzgado de Faltas Nº1, y pidió que intervengan el Colegio de Abogados y el Consejo de la Magistratura para bregar por el respeto de las instituciones. "Hay una serie de irregularidades aparentes", opinó.
Consultado por este diario respecto del proceso en el que se debatió en el CD la extensión de las subrogancias, el letrado aseguró que ya analiza los términos de la nueva ordenanza para saber qué acciones se deben iniciar. "Hay que ver los tiempos, si no están vencidos. Si no está bien subrogado el cargo, todas las decisiones que tome el juez serán nulas. No se puede hacer una ordenanza para legalizar una situación de ilegalidad institucional. Estaríamos hablando de una usurpación del cargo, de un juez que no tendría facultades, y se cometería un grave delito penal", explicó.
Para Molas Aguiar no es un tema menor, pero consideró que "ya se debería haber resuelto por la vía institucional y legal, respetando la ordenanza como está". "Si en todo caso se quiere hacer una modificación tiene que ser hacia adelante. La ley siempre rige hacia adelante, y no para legalizar una irregularidad. Eso sería una burla, hay que ver cuáles son los fundamentos. Creo que se debería haber actuado en el marco de la normalidad, es lo que corresponde. Hay que tener en cuenta que los fallos que este emitiendo el juez a cargo podrían ser nulos y volver hacia atrás con todo esto puede provocar un perjuicio para el municipio", señaló en alusión a esta posibilidad que tendrá el secretario Silvio Martoccia de continuar al frente del Juzgado de Faltas Nº1.
"El andamiaje de la situación podría salpicar incluso hasta el intendente, porque se avalarían las decisiones de un juez que no tiene facultades para tomarlas. Es una situación grave. Aquí debería haber intervenido de oficio el Colegio de Abogados, más allá del amparo a los profesionales tiene que velar por la institucionalidad. El Consejo de la Magistratura también debería bregar para que esto no ocurra. Ni hablar de que se podría dar una intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo por sobre el Judicial. Hay un silencio que podría convertirse en complicidad", continuó.
Por otro lado, consideró que también hay que analizar si la licencia de la jueza Ruth Castro es legítima. "Si se ampara en el Estatuto del Empleado Municipal la licencia estaría mal otorgada. Hay una serie de irregularidades aparentes. Incluso si la licencia de la jueza es por un plazo superior a seis meses, directamente debería haber asumido un conjuez. Se pretende de alguna manera beneficiar al secretario que está subrogando el cargo y confirmarlo", opinó.
De esta manera, Molas Aguiar coincidió con varios de los argumentos de los concejales del FCS, que se opusieron al cambio. Es que la oposición planteó que si la subrogancia está mal ocupada, todas las decisiones del juez subrogante son ilegítimas. Además, en el despacho de minoría, los concejales pidieron que no se relativice la capacidad de los abogados que fueron propuestos como conjueces. Este listado está integrado por 20 profesionales, diez de ellos titulares y el resto suplentes.
EL DEBATE
La Municipalidad de la Capital propuso que las subrogancias de los Juzgados sean ocupadas por los secretarios por tiempo ilimitado. La norma vigente ponía un plazo de seis meses.
La decisión surge luego de que la jueza del Juzgado de Falta Nº1, Ruth Castro, solicite una licencia para desempeñarse como asesora en el Congreso de la Nación.
El decreto Nº101 le otorga la licencia a la jueza, pero se basa en el artículo Nº92 del Estatuto de Obreros y Empleados Municipales. Sin embargo, se omite que el artículo Nº2 del mismo estatuto excluye a funcionarios y también a los jueces de faltas.
El FCS propuso alternativas, y el FJV incorporó modificaciones al proyecto. Le quitaron la condición de ilimitada a la subrogancia y le pusieron un plazo de un año prorrogable por otro más con previa autorización del CD.
Para convertir el proyecto en ordenanza, el FJV hizo pesar su abrumadora mayoría. La sanción se logró por ocho votos positivos contra los seis negativos del FCS-Cambiemos.
