La Cámara de Apelaciones, por mayoría, declaró la nulidad de la elevación a juicio de una causa que tiene imputada a Karina Alanís Dennet, conocida como la falsa arquitecta, y a dos agentes de la Secretaría de la Vivienda por supuestas irregularidades en una operatoria.
Los fundamentos de la resolución judicial se conocerán el lunes. La Cámara anuló el dictamen de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública y la resolución del juez de Control de Garantías que ratificó el pedido de elevación a juicio de la causa.
La investigación
En noviembre de 2016, la fiscalía imputó a dos ex funcionarios que tuvieron participación en el pago de anticipos financieros por soluciones habitacionales que no habrían sido ejecutadas por Karina Alanís Denett.
En aquel momento, la fiscalía imputó a Luis Raúl Ortiz, quien se desempeñaba como director provincial de Infraestructura Social Básica en la Secretaría de la Vivienda, durante la gestión del extinto Octavio Gutiérrez, y a un supervisor del organismo, de profesión maestro mayor de obras, Luis César Heredia.
Estas personas fueron imputadas por tres hechos de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal, con falsificación de instrumento público en calidad de partícipes necesarios. Según la investigación que se realizó en aquel momento la maniobra habría consistido en certificar obras que habían sido adjudicadas a la falsa arquitecta y que no se realizaron.
De esta manera, el supervisor de obra certificó que la obra se había realizado cuando en realidad no había ninguna edificación. A su vez, el director del Programa avaló el pago de un anticipo financiero que la empresa no restituyó.
En tres expedientes a los que pudo acceder la Justicia se detectó que el modus operandi consistía en otorgar adelantos financieros de $ 75 mil pesos por cada una de las obras. Pasaba el tiempo, la empresa no cumplía con la edificación y pedía una prórroga que era otorgada por la Secretaría de la Vivienda. Finalmente, se llegaba a un acuerdo entre las partes para rescindir el contrato, el supervisor de obra avalaba que se había cumplido con la obra y el director del área avalaba, de esa manera, el anticipo financiero que ya había sido otorgado.
El supervisor del organismo Luis César Heredia, a través de la defensa del abogado Enrique Lilljedahl y Ortíz, con Luciano Rojas, habían planteado la nulidad en la determinación del hecho, por entender que se trataba más de una cuestión administrativa . La defensa de ambos imputados había pedido el sobreseimiento de los dos imputados al entender que no existen pruebas.
En esta línea, consideraron que se estaba imputando la construcción de tres viviendas que supuestamente no fueron construidas y "en realidad sí fueron construidas y está demostrado en el expediente", afirmó uno de los defensores.
En el caso de Alanís Denett, quien está imputada en otras causas por corrupción, no planteó ningún tipo de oposición.