Ingresó en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto para regular los fueros de los legisladores y de funcionarios sujetos a juicio político. El proyecto es de los diputados del FV y recién tomará estado parlamentario en mayo, cuando arranquen las sesiones ordinarias.
Como esta iniciativa, son varios los proyectos que fueron presentados en la Legislatura pero que naufragaron por la falta de voluntad política para tratarlos. De hecho, esta propuesta tiene una redacción similar al de otra que fue presentada por la diputada y actual presidenta del bloque oficialista, Cecilia Guerrero, en el 2014.
Ese proyecto nunca obtuvo despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales (que tenía la obligación de analizarla) y perdió estado parlamentario.
En esta nueva iniciativa, se advierte que, con el correr de los años, la inmunidad de arresto fue objeto de tergiversaciones, "a fuerza de interpretaciones forzadas que la fueron transformando inconstitucionalmente, en inmunidad de proceso, cuando en realidad, solo protege al legislador de detenciones arbitrarias". En ese marco, la iniciativa busca "restablecer el verdadero sentido, alcance y los limites de las inmunidades parlamentarias, de modo de remover todo tipo de privilegios que irritan a la ciudadanía y lesionan el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria".
En el articulado, la iniciativa establece los alcances y límites de los privilegios parlamentarios previstos en los artículos 77°, 103° y 104° de la Constitución provincial. En ese sentido, advierte que no existen más inmunidades que las sustentadas en normas constitucionales expresas. "Ninguna ley ni acto administrativo, podrán crear o reconocer inmunidades a funcionarios de cualquiera de los poderes del Estado, que no se encuentren previstas en la Constitución, bajo pena de nulidad insanable", indica.
Agrega que la inmunidad "se limita exclusivamente a los funcionarios acusables por delitos comunes por la Cámara de Diputados, no abarcando a aquellos otros funcionarios o magistrados judiciales sometidos al procedimiento de jurado de enjuiciamiento".
Aclara que las prerrogativas establecidas en los artículos 103° y 104° "son de interpretación restrictiva", por lo que en ningún caso pueden ser entendidas, ni utilizadas para permitir que un legislador, magistrado o funcionario público eluda la acción de la justicia en causa criminal por delitos comunes.
Finalmente, advierte que en todo proceso judicial contra un legislador, el magistrado está obligado a seguir con el procedimiento hasta su conclusión. Además de que no se podrá invocar las inmunidades previstas en la Constitución para omitir, dilatar, o suspender una investigación penal contra un legislador.
OTROS PROYECTOS
- Además del proyecto de Guerrero de 2014, el año pasado la diputada Paola Bazán (FCS-Cambiemos), presentó una iniciativa donde se establece que un proceso contra un legislador debe seguir su curso en forma normal hasta su finalización, recién ahí deberá pedir su desafuero
- La ex diputada Sara Ludueña de Cado (FCS) y el ex senador de Paclín, Jorge Agüero presentaron proyectos similares a los de Bazán.
- El actual senador de la Capital y ex diputado, Jorge Moreno presentó un proyecto para regular el uso de los fueros.
- Ningún de ellos fue aprobado.