viernes 30 de octubre de 2026
VINCULÓ LOS AVANCES EN LA CAUSA CON SUPUESTAS presiones del gobierno

Guaraz se autoincriminó para defenderse del Tribunal de Cuentas

El intendente de Santa Rosa amenazó con revelar nombres de los "factureros, recaudadores y cajeros" del Gobierno de la Provincia que lo intentan incriminar.

Por Redacción El Ancasti

Tras conocerse la imputación del Tribunal de Cuentas de la Provincia contra el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, a devolver más de 10,7 millones de pesos, fue el propio jefe comunal el que se autoincriminó para intentar salir airoso de la situación: dijo tener conocimiento de una serie de hechos de corrupción que involucran al Gobierno provincial y enfatizó en que revelaría los nombres de los "cajeros y recaudadores" que tienen. Sin embargo, no radicó sobre estos hechos denuncia judicial alguna.


En su cuenta personal de Facebook, Guaraz se despachó también contra el diputado nacional Gustavo Saadi (FJV), a quien acusó de haberlo amenazado y de quien dijo que manipulaba al Poder Judicial y el TC para ir en contra del municipio. En ese sentido, cuestionó a los organismos de contralor de "no decir nada" sobre otros casos de corrupción sobre los que aseguró tener pruebas.
"Creo que voy a tener que hacerlos recordar de algunas cosas del facturero, del recaudador y del cajero que tienen estos corruptos ladrones. A mí no me van a venir a querer callar con estas jugadas mafiosas, así como llegaron al poder con mi apoyo, así se pueden ir como ratas", disparó Guaraz.
"Yo pregunto, por qué no actúan tan rápidamente con el choreo de la Secretaría de la Vivienda en la gestión anterior, o con los 19 millones de pesos que recibió la actual gestión para ayudar a los inundados de Bañado de Ovanta y están desaparecidos?", añadió.


En la misma línea, pidió "que investiguen los choreos en el Ministerio de Educación, con cursos truchos, proveedores de mismos funcionarios y sobresueldos", y también pidió que "no tapen el choreo de más de 300 millones de pesos en la Municipalidad de Los Altos e investiguen adónde fueron a parar los más de 400 cheques de ese municipio".


Sobre la falta de rendición de cuentas de los más de 10,7 millones de pesos correspondientes al primer semestre de 2014, Guaraz se justificó diciendo que por las inundaciones de ese año tuvo que "gastar todo lo que tenía" y que producto de la misma inundación "mucha documentación se dañó y se perdió".


"Estos soretes (sic) se olvidan que en esa fecha mi pueblo sufrió las peores inundaciones de la historia y que ellos siendo Gobierno le dieron la espalda al pueblo. Los únicos que pusimos el hombro fuimos nosotros, gastando hasta lo que no teníamos para gastar para tratar de salir adelante. La misma gente del TC ha constatado que mucha documentación del municipio se había dañado por el temporal y las crecientes", se defendió.

Contra Saadi
Guaraz aseguró que la intimación en su contra es parte "de la persecución y amenaza" del diputado nacional Gustavo Saadi.


En este sentido, recordó las supuestas amenazas recibidas de parte del legislador nacional en oportunidad en que les pidió que voten en contra de la reforma previsional en el Congreso. "Me amenazó diciéndome que tenía papeles míos, que me iba a hacer devolver plata y que vaya buscando abogados porque también me iba a hacer meter en cana. Dijo que él manejaba la Justicia y el Tribunal de cuentas", explicó en su descargo.


Para el intendente, que la intimación haya sido en los últimos días de diciembre y se conociera esta semana "es una demostración de que él maneja a los chirolitas del TC" y los utiliza "para presionar, perseguir y ajustar a intendentes y/o funcionarios que no coincidan con él".


Pedido
El concejal Mario Páez (FJV) cuestionó al intendente, dijo que "se comprobó que es un malversador de fondos" y pidió al Gobierno de la Provincia que intervenga en la situación. En la misma línea, denunció una persecución a empleados contratados por la gestión de Guaraz, que perderían sus puestos de trabajo.

La causa
El intendente de Santa Rosa fue imputado a devolver la cifra de $10.747.434,46 por una serie de incumplimientos a la hora de rendir cuentas de los gastos del primer semestre de 2014. Por esta misma causa y por no presentar la rendición de cuentas del segundo trimestre de 2015 de las regalías mineras, fue multado junto con otros dos funcionarios de su gabinete económico: el secretario de Hacienda, Pablo Matías Marenco, y el tesorero, Daniel Rafael Padilla.


Además, su situación se vio más complicada por haber faltado a dos audiencias de declaración indagatoria que fueron convocadas por el TC en 2015, y por haberse negado a firmar los oficios.

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