En la tercera jornada del juicio político que enfrenta el fiscal Roberto Mazzuco (h) se destapó la interna que existe entre algunos fiscales y otra vez hubo acusaciones para varios abogados. Los testigos aportaron información en el marco del desalojo de una supuesta usurpación de un inmueble ubicado en el paraje La Tusca, de la localidad de Alijilán, departamento Santa Rosa, y aseguraron que el fiscal recibió una coima de $150.000 para librar esa orden. El debate terminó en incidentes, con el padre del fiscal internado y una acusación contra el Tribunal del jury (ver página 3).
El inicio de la jornada se postergó 45 minutos porque, según comentó el abogado defensor José Furque a los miembros del Tribunal, el fiscal acusado "se quedó dormido".
Carlos René Cancino, un pequeño productor agrícola y ganadero del paraje La Tusca, fue el primero en testimoniar. Había sido imputado en 2015 por la supuesta usurpación de los terrenos donde tiene su casa y producción. En abril de 2016 fue desalojado por una solicitud del fiscal Roberto Mazzucco y por orden del juez de control de Garantías, Rodolfo Maidana.
En su relato, Cancino contó cómo se resistió al desalojo provocado por la denuncia de Mario Rufo Varas, un vecino de Los Altos que se adjudicaba la propiedad. Al respecto, comentó que después de su desalojo pasó 17 días fuera de su casa hasta que esa orden quedó sin efecto.
Cuando comentó su pelea para recuperar el terreno, Cancino contó que sus amigos le dijeron que habían visto a Eduardo "Gallego" Romero (ver aparte) conversando con su denunciante (Varas), y que sospechó que el desalojo se había conseguido con el pago de una coima al fiscal.
"Años después, Varas reconoció en una radio que le pagó a Mazzucco", expresó. Esto fue luego ampliado por Vicente Ares, un ingeniero que asistía a los productores: "Varas dijo que le pagó $150.000 a Mazzucco, al fiscal Víctor Figueroa y a Romero", disparó.
Ares también contó un episodio en el que aseguró que por pedido del intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz (FV), el fiscal Mazzucco ordenó su detención por la supuesta usurpación de una radio FM, de la que aseguró ser dueño, y también lo vinculó al pago de una coima.
A su turno, el juez de control de Garantías Rodolfo Maidana comentó que en 2016 libró la orden de desalojo contra Cancino porque encontró los motivos necesarios para hacerlo, pero que luego la revocó porque observó irregularidades en el trabajo de la Fiscalía. "En primera instancia había un acta que daba cuenta de algunas cosas observadas en la inspección, y con eso libré la orden de desalojo. Pero luego se incorporó otra en la que se dio cuenta de la existencia de más de 200 animales, maquinaria agrícola cedida en comodato a Cancino y varias hectáreas de plantaciones. En la práctica, el desalojo era imposible", dijo Maidana.
Interna entre fiscales
La declaración del fiscal de Instrucción Nº1, Víctor Figueroa, desnudó la interna que existe entre algunos de los fiscales. Consultado sobre el funcionamiento de la ex Unidad Fiscal Criminal, que integraba junto a Mazzucco y el ahora fiscal Nº4, Ezequiel Walther, Figueroa reconoció que aunque él "apelaba a la unidad, ese sistema fue un fracaso" y destacó que al poco tiempo él y Mazzucco tomaron distancia de Walther "por su forma de ser y su soberbia". Además, consultado sobre su relación con los abogados, cargó contra Luciano Rojas, Orlando Barrientos y Pablo Vera Aráoz: "Por ahí llaman o quieren hacer consultas en días y horarios inapropiados, son insistentes e imprudentes algunas veces", dijo.
