La semana pasada, el Tribunal de Cuentas emitió dos fallos con duras condenas para dos ex intendentes por irregularidades detectadas en la rendición de fondos. Una de las resoluciones alcanza al ex intendente Pablo Názar (FV) y al ex secretario de Hacienda del municipio que deberán reintegrar $ 5.342.220 a la hacienda pública. Por la otra, se condena al ex intendente de Tinogasta, Simón Quintar, a reintegrar $ 1.000.000. Es por los cuestionamientos en las rendiciones de cuentas de los dos semestres de 2010.
La situación de Názar, quien ahora se desempeña como asesor en la subsecretaría de Asuntos Municipales, es la más complicada, a tal punto que será denunciado en la Fiscalía de Delitos contra la Administración para que investigue si al margen del daño a la hacienda pública cometió algún delito.
El Tribunal de Cuentas detectó graves maniobras en la supuesta facturación de bienes y servicios adquiridos por la Municipalidad de Capayán, durante el primer semestre del año 2011. Así, por ejemplo, los investigadores del TC confirmaron que en ese período se facturó $ 1. 175. 000 en concepto de servicios de alquiler de maquinaria a una persona que vive en Santiago del Estero y que declaró ante los auditores del TC que ni siquiera tenía una empresa y nunca prestó ese servicio a la comuna.
El fallo del TC señala que el ex intendente no aportó los contratos respectivos y tampoco un informe de la Secretaría de Obras Públicas sobre los días y la cantidad de horas de locación de la maquinaria, que permita acreditar la legitimidad del gasto rendido. Y advierte que en los comprobantes no se consigna el período en el que efectivamente se cumplieron las horas máquinas.
"Efectuadas las confirmaciones con la proveedora en cuestión, ésta no reconoce haber emitido las facturas puestas a su vista ni la existencia de vínculo alguno con la Municipalidad de Capayán, señalando que no ha tenido nunca actividad comercial alguna; reconoce que solo cuenta con un Seguro de Capacitación "Plan P” otorgado por el Gobierno nacional y que en el año 2007, en virtud del subsidio hospitalario que le otorgara el Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero, se inscribe en la AFIP bajo el régimen de monotributo, oportunidad en la que efectúa la impresión de un solo talonario de facturas en virtud de que los servicios de enfermería los realizó hasta fines del 2009”.
A partir de los hechos investigados, le formulan cargos por $ 1.175.000 al no quedar probada la procedencia legal y la legitimidad del gasto rendido.
Otra de las situaciones graves es la facturación de SEINSE SRL por un total de $ 1.196.000 en concepto de construcción de cordones cuneta en Barrio San Martín. Los auditores indican que no se presentó la documentación que se requirió y además el municipio incumplió una ordenanza municipal porque los gastos superan el límite previsto para las contrataciones directas.
Por unanimidad, los integrantes del TC, Mardonio Díaz Martínez, Víctor Villarroel y Hugo Argerich concluyen que deberá restituir a la Hacienda pública más de $ 5 millones.
En el semestre analizado, Názar tuvo ingresos por $ 8.778.393 y solo pudo acreditar con documentación egresos por $ 170. 488. Se ordena el descargo de $ 10. 045. 247 que corresponden a egresos.
Y se ordenó también aplicarle una multa equivalente a 13 días del haber del cargo que detentaba en el momento de producidos los hechos lo que asciende a $ 1.320.
Názar será denunciado en la Justicia
La resolución del Tribunal de Cuentas dispone también realizar la presentación ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública.
La presentación se realiza por la situación de las horas máquinas contratadas por más de un millón de pesos a un proveedor inexistente.
Otra de las situaciones que se llevará a la justicia se relaciona con egresos por $ 453.916 para la adquisición de mercaderías varias para la confección de bolsones alimentarios, materiales de construcción destinados a ser entregados en carácter de donación a familias carenciadas y equipamiento para ser distribuido en establecimientos educativos. La auditoría indica que no se encontró actuaciones que acrediten los pedidos efectuados y la correspondiente entrega de estos bienes.
Además, se presentarán cargos porque se detectaron facturas apócrifas para acreditar la adquisición de materiales por $ 36. 725. La resolución del municipio no especifica las obras para las que se destinó esos fondos.