El fallo que brindó la Corte Suprema, en el que se hizo lugar al recurso de queja presentado en noviembre de 2012 por los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá contra una sentencia de la Corte de Justicia Catamarca, que había rechazado un amparo presentado en 2010 para parar las actividades en el yacimiento Agua Rica, generó mucho revuelvo y fue muy bien recibido por representantes del Frente Cívico y Social, quiénes, a raíz de esta resolución, avisoraron el final de la relación contractual entre la empresa estatal provincial Camyen y la canadiense Yamana Gold.
Quién se manifestó en este sentido fue la diputada provincial Marita Colombo, quién indicó que "este fallo nos da la razón con los planteamientos que realizamos cobre los contratos entre Camyen y Yamana. Cinco años con la actividad paralizada por orden de la Justicia son el resultados de estos”, comentó.
En tal sentido recordó que durante el 2015 "pedimos que no se aprobara el informe de impacto ambiental del Cerro Atajo hasta tanto no se dilucide el conflicto de propiedad de las minas. Esta solicitud se la hicimos llegar al secretario de Minería, Rodolfo Micone, a quién le presentamos una nota invocando el principio precautorio y en atención al conflicto que existe sobre la propiedad”.
Así Colombo terminó de indicar que "lo único que faltaba para terminara de certificar los planteamientos a los contratos entre ambas empresas, era el fallo de la corte y ahora ya lo tenemos”.
