Frente a los estándares nacionales e internacionales
La provincia debe formalizar protocolos para personas LGBTIQ+ privadas de la libertad
Desde ATTTA consideran importante que se respete la Ley Nacional de Identidad de Género.
Garantizar derechos. La privación de la libertad no suprime otros derechos.
La privación de la libertad es un castigo que no suprime otros derechos. La pena es la restricción para circular libremente. La responsabilidad estatal no termina en garantizar que una persona cumpla una condena. También debe garantizar su integridad, su identidad, su salud, su intimidad y su acceso a derechos. Este castigo no suspende la dignidad, no borra la identidad de género ni habilita al Estado a administrar arbitrariamente los derechos de quienes están bajo su custodia.
En Argentina existe un marco normativo que establece pautas para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ privadas de la libertad. La Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad constituye una de las bases de ese sistema. Se reconoce la conservación de los derechos no afectados por la condena, se establece el control judicial de la ejecución penal y se prohíben la discriminación y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. A su vez, se regulan la organización de los establecimientos penitenciarios y sus reglamentos internos.
A este marco se suma la Ley 26.743 de Identidad de Género, que garantiza el reconocimiento de la identidad autopercibida, el trato digno y la confidencialidad. También la Resolución 37/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que fijó directivas para el trato de personas LGBTI+ detenidas por las fuerzas de seguridad.
En marzo de 2026, el Servicio Penitenciario Federal aprobó un nuevo protocolo para regular la clasificación, el alojamiento, la permanencia, la reubicación y el traslado de personas privadas de la libertad en función de su identidad de género. El instrumento incorporó criterios específicos para determinar las condiciones de alojamiento y derogó dos disposiciones anteriores que contemplaban programas de abordaje para esta población.
El marco nacional se complementa con los estándares internacionales, en particular la Opinión Consultiva OC-29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación de adoptar medidas diferenciadas de protección sin que estas impliquen aislamiento, restricciones injustificadas o pérdida de derechos. Sin embargo, la existencia de disposiciones nacionales no garantiza una aplicación uniforme en las provincias, donde resulta necesario conocer qué protocolos están vigentes y cómo se implementan en cada servicio penitenciario.
Actualmente, Catamarca cuenta con protocolos para la privación de la libertad de personas del grupo LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales, queers y otras diversidades). No obstante, estos no están debidamente formalizados. Ahora, la provincia tendría intención de formalizarlos. Consultada por El Ancasti, Yuliana Gallo, directora del Servicio Penitenciario Provincial, indicó que sí existen protocolos que se están implementando en otras unidades penales de otras provincias. A la vez, comentó “seguramente aquí aplicaríamos el que sea más compatible con nuestra realidad institucional”.
Además, la directora comentó que en el penal de Capayán sí hay personas homosexuales confesas. “Algunos incluso conviven en su pabellón con su pareja pero no hay un pabellón único o especial para ellos. Por supuesto que en el caso que alguno refiera sentirse inseguro o algo, para resguardar su integridad se lo aloja en un lugar distinto”, aclaró.
Por su parte, Yoko Ortiz, coordinadora provincial de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), recordó la historia. “Los derechos del grupo LGBTQ, y el tema de la privación de la libertad no es algo nuevo es algo que siempre lo hemos trabajado y lo hemos vivido, porque no es que solamente lo han relatado o han contado algunas compañeras, sino que yo también lo viví en aquellas épocas, en donde bueno, nos hacían llevar a cualquier comisaría. En aquellos años no había estos protocolos ni existían tampoco este respeto por la identidad y esta valoración a la Ley Nacional de Identidad de Género”.
A la vez, la referente reconoció que hubo casos de mujeres trans que debieron ser detenidas. En estas situaciones, fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer. “Estos protocolos no tienen resolución ni hay un decreto, pero están aplicados...”, remarcó.
Las detenciones de personas trans en comisarías por otros hechos suelen darse. Pero es la primera vez que una persona trans acusada de un homicidio es alojada en un establecimiento penitenciario de la provincia.
El reciente caso de Dana Vega, una mujer trans imputada por el homicidio de su abuela Aurora Carrizo y el intento de homicidio de su abuelo Nicolás Mercado, puso en evidencia esta situación. ¿Qué derechos conserva una persona del grupo de diversidad sexual cuando el Estado le restringe la libertad? Actualmente, está detenida en la Unidad Penitenciaria Nº 2, más conocida como Correccional de Mujeres.
Gallo aclaró que una situación como ésta amerita una evaluación psiquiátrica que oriente y respalde cualquier decisión en cuanto a su alojamiento y cualquier tratamiento a seguir. “Con la evaluación, se determinará qué cuidados requiere para estabilizar su situación”, remarcó.
Ortiz contó que desde la Secretaría de Seguridad se informó que estaban dadas las directivas para disponer de un espacio adecuado, a fin de no interferir con su salud mental tampoco. “Estaba bajo tratamientos de salud mental, con tratamiento psicológico, acompañamiento psicológico también”, remarcó.
Además, advirtió que en redes sociales o en algunos medios de comunicación se expresan comentarios “feos”, basados en la identidad de género o en la orientación sexual. “Nada justifica lo que pasó. Va a actuar la justicia. En el caso de que sea culpable, obviamente va a tener una sentencia como cualquier persona que haya cometido este tipo de gravedad del delito. No estamos pidiendo privilegios porque sea una persona trans, simplemente estamos pidiendo que se respete su identidad de género y su orientación sexual. Tratamos de hacer hincapié en que sea respetada, valorada, contenida, asesorada también, o sea, como cualquier otra interna. A nosotras, a la comunidad, estos casos así nos tocan y nos llegan porque es una compañera trans. No justificamos el hecho ni la causa pero tratamos de que se cumplan sus derechos como persona. Menos odio, menos bronca y tanto prejuicio que tiene la sociedad en sí en estos casos de saber o enterarse que una persona trans. Como mujeres trans y como asociación vamos a velar por hacer respetar sus derechos. Sentimos que estamos ante un Estado presente”, sostuvo.
Diversidad en el encierro
El Informe Anual 2025 del CNPT dedica un apartado específico a la población LGBTIQ+ privada de libertad. Señala que este colectivo está expuesto a violencia policial y detenciones por motivos discriminatorios, y que los criterios de alojamiento no son uniformes: no todos los establecimientos tienen espacios específicos. Advierte además que, con el argumento de protegerlas, algunas administraciones alojan a estas personas en celdas de aislamiento solitario, con obstáculos para acceder a salud o educación, por períodos “extremadamente prolongados”. También describe requisas sin respeto a la identidad de género, con alegaciones de desnudos completos y posiciones humillantes.
Sobre las personas trans, el documento indica que representan el 0,2 % de la población detenida del país: 211 personas al cierre de 2024, de las cuales 203 estaban en servicios penitenciarios. Y recuerda los estándares: el alojamiento debe tener en cuenta la voluntad de la persona, no presumirse según el sexo asignado al nacer, y no implicar aislamiento como medida de protección.
El informe no aportaba datos sobre Catamarca en este punto: no desagrega cuántas personas trans hay detenidas en la provincia ni qué criterio se aplica para alojarlas.