Los perjuicios de la poda fiscal

14 de febrero de 2016 - 04:00 Por Redacción El Ancasti

En su análisis, Marchioli señaló que las retenciones a la minería paralizaron el desarrollo de la industria, sus actividades indirectas y perjudicaron de manera directa a los ingresos genuinos de la provincia de Catamarca, con las siguientes consecuencias:

1. Vulneró el derecho de la provincia de Catamarca sobre la propiedad de los recursos mineros, que en lugar de compensar la explotación de "recursos no renovables”, "relegó a la provincia en su política de recaudación, a expensas y en detrimento de los ingresos propios y desarrollo de nuevos proyectos mineros, con un profundo deterioro del federalismo".

2. Violentó la política de estado minera, irrumpiendo las reglas de juego causando inseguridad jurídica, inestabilidad fiscal y factibilidad económica de los proyectos mineros.

3.- Se paralizaron las inversiones en prospección y exploración, las que fueron destinadas hacia países más previsibles de Latinoamérica. Se estima que la Argentina perdió la oportunidad del ingreso de 13.000 millones de dólares, equivalente a 10 veces la realizada en la puesta en marcha de Bajo La Alumbrera. En Catamarca existían varios proyectos en exploración: Agua Rica (cobre-oro-molibdeno), Diablillos (oro-plata), Incahuasi (oro), Antofalla (plomo-plata-zinc), Calalaste (plomo-zinc), Adela (oro), Filo Colorado (cobre y oro), Prospectos Votorantim (plomo-zinc), Jackson Global y Madero Minerals (uranio), Salar de Antofalla (potasio-litio) y Sal de Vida (litio).

4.- Afectó directamente en el incremento de la "ley de corte” (concentración de mineral económicamente explotable, por su relación entre el costo de su producción y su precio de venta) lo que impide la explotación de recursos marginales, reduciendo las reservas, con la consecuente disminución de la vida útil de las minas. Esta situación, agravada por la baja de los precios internacionales, ha condicionado el cierre anticipado de Bajo de La Alumbrera.

 

5.- Disminuyó la demanda de mano de obra directa y contratación a proveedores de bienes y servicios; componentes económicos que generan impuestos provinciales y nacionales, coparticipables a la Provincia.
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