Ocho años después de haber iniciado el proceso, el Tribunal de Cuentas emitió una condena a los principales involucrados en el escándalo de los alimentos de la ex Secretaría de Desarrollo Social encontrados en chiqueros de Capayán. Sin embargo, la demora en emitir un dictamen hizo que los valores a devolver sean irrisorios. En ese sentido, la suma a reintegrar al erario público no llega a 38 mil pesos.
Lo bajo de los montos a devolver obedece a lo que establece el reglamento interno del TC que no permite actualizaciones de los montos (ver aparte).
El dictamen lleva la firma del presidente del organismo de contralor, Mardonio Díaz Martínez, y los vocales Hugo Argerich y Víctor Villaroel. En fallo divido se decidió condenar a la ex secretaria de Desarrollo Social de la provincia en la gestión de Eduardo Brizuela del Moral, Marta Torres de Mansilla, y al ex director de Control de Calidad y Stock de la Secretaría, Marino Varela.
La condena a los ex funcionarios surge de un sumario administrativo de responsabilidad que inició en 2008, cuando salió a la luz el escándalo de la comida de Desarrollo Social destinada para módulos alimentarios encontrada en chiqueros de Miraflores y Nueva Coneta.
La resolución que tiene fecha del 8 de noviembre relata el proceso que realizó el TC desde el inicio de la investigación en 2008.
En la investigación también fueron implicados: la bromatóloga, María Melo González; el encargado de Control de Ingresos y Egresos de la mercadería, Luis Carluccio Nieva; la supervisora administrativa del depósito de El Patanillo, Ivana Zárate; el encargado del programa Pro Familia, Carlos Capittini; los empleados Adrián Ochoa, Lilia Pérez, María Pérez y Juan Palacio; el jefe de Stock, José Brizuela; el supervisor de depósito Víctor Rosales y el reemplazo de Marino Varela, Maximiliano Brumec
En la investigación se determinó falencias en el proceso de verificación del estado de los alimentos que se encontraban en el depósito que tenía la Secretaría de Desarrollo Social en El Pantanillo, que fue de donde salió la comida para terminar en los chiqueros. "Se realizaba un control aleatorio por fardo, no por unidad del producto lo que pone en evidencia que no había una técnica específica para determinar el estado en que encontraban los alimentos", señala el TC. En ese sentido, agrega que Marino Varela era el que disponía quien pasaría a retirar la mercadería del depósito y la cantidad.
Más adelante, el sumario arrojó que en el primero de los hechos descubiertos en la localidad de Miraflores, la mercadería secuestrada asciende a un valor de $4.072, mientras que en el segundo hecho descubierto en Nueva Coneta, el valor de los alimentos llega a $15.257.
Gracias a la colaboración de la UNCA, se determinó que los alimentos encontrados en los dos chiqueros estaban en buen estado.
La investigación desligó de los hechos a Brumec, quien estaba como director de control de calidad y stock cuando se descubre el segundo hecho, ya que al momento de las declaraciones, el dueño de unos de los chiqueros señaló que retiró la mercadería en una fecha donde el actual secretario de Deportes aún no prestaba servicios. Así también, se desvinculó de la investigación a todos los empleados de la secretaría involucrados al advertir que estaban limitados a recibir las órdenes de Varela.
Condena
En forma unánime, los miembros del TC determinaron condenar a Torres y Varela a devolver en forma solidaria $4.072 y únicamente a Torres a reintegrar $15.257.
Por mayoría de votos de Argerich y Villaroel se decide condenar a Torres con una multa de $9.017 que corresponden a 90 días del haber del cargo que ostentaba en el momento del hecho y Varela con una multa de $8.841 que significan 60 días del haber del cargo que detentaban.
Los fundamentos de Argerich son los más duros del fallo. En ese sentido, el vocal señala que "el desvío de alimentos adquiridos por el Gobierno para atender las necesidades alimenticias de vastos sectores de la población que se encontraban en buen estado, hacía particulares quienes lo destinaron a alimentar cerdos bajo el supuesto de que se encontraban en mal estado, constituyen un aberrante latrocinio no solo el Estado sino también a las necesidades de ciudadanos carenciados".
Así también, Argerich se opuso a la liberación de Brumec al considerar que al no haber comparecido cuando se lo llamó, se lo debe multar. Díaz Martínez y Villaroel se opusieron.
Limitaciones de la legislación
Sumando todos los montos de la condena, los acusados deben abonar un total de $37.187 (entre cargos a devolver y multas) al Estado. A valores actuales y teniendo en cuenta que pasaron 8 años desde que se descubrió el hecho, el monto parece irrisorio. Sin embargo, éstos son los valores máximos que puede imponer el TC en base a ley orgánica del cuerpo (ley 4.621 y su modificatoria 4.637). En ese sentido, el organismo no puede actualizar los montos que se deben devolver y tienen que ser los mismos de cuando se descubrió el hecho. En cuanto a las multas, la que se le aplicó a Torres es la más alta que se puede imponer. Estas condenas también deben ser a valores de la época en que se descubrió el hecho.
