Fuentes judiciales confirmaron que los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecín apelaron ayer la resolución del juez de Control de Garantías Nº 2, José Antonio Carma, por la que dictó el sobreseimiento total y definitivo para el ex titular de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) Arturo Aguirre. La medida fue presentada ante Carma.
Fiscales apelaron el sobreseimiento
La denuncia se inició en 2011 y recayó en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública. Tras la investigación y en base a los elementos de prueba reunidos se imputó a Arturo Aguirre y también al ex director de Administración René Luna; la ex directora Gladys Burchakchi y la ex gerente económica financiera María Concepción Quiroga.
En 2012, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales envió la causa a juicio, pero Rojas, el abogado de Aguirre, se opuso a la medida. La Cámara de Apelaciones le hizo lugar y con dicha resolución la Unidad Fiscal debió continuar investigando los hechos.
En tanto, el año pasado en marzo, el defensor volvió a solicitar el sobreseimiento de su defendido. La presentación fue realizada ante los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales. El argumento principal es que el hecho ya habría prescripto debido a que pasaron dos años desde que Aguirre había dejado de ser funcionario. El juez no le hizo lugar y ordenó que se continuara investigando. Tras una nueva presentación del abogado defensor, el juez hizo lugar y sobreseyó al imputado.
Aguirre ampliará demanda
El abogado Miguel Leiva, representante del ex director de OSEP, Arturo Aguirre, en la parte civil anticipó que ampliará la demanda contra el Estado provincial a partir del sobreseimiento del ex funcionario. Es por la decisión de la Cámara baja, en diciembre de 2011, de impedirle ocupar la banca de legislador para la que había sido electo.
En declaraciones a Radio Ancasti, Leiva detalló que existe una demanda presentada para reparar el daño causado, el lucro cesante por las ganancias de las que Aguirre se ha visto privado. La presentación ya está en curso ya que fue presentada a fines de 2013 para evitar la prescripción.
"Se presentó una demanda que ha sido ampliada el año pasado y será ampliada con la resolución del juez control de Garantías que dictó el sobreseimiento", indicó.Leiva aclaró que no se cuestiona el fallo de la Cámara de Diputados sino el daño que generó tal decisión.