El vaciamiento que compromete a los hermanos Taselli
La historia de la empresa está ligada también con las denuncias de vaciamiento de la empresa que involucran a los hermanos Sergio y Alberto Taselli, junto al hijo de este último, Lucas.
El primer administrador de la empresa fue Sergio Taselli. En 2004 fue desplazado de la conducción de la empresa por su hermano Alberto, quien trató de dar una vuelta a la pésima imagen que tenía EDECAT entre los usuarios catamarqueños.
En ese marco denunció un supuesto vaciamiento de la firma, responsabilizó por ello a su hermano Sergio Taselli, junto a los ex miembros del directorio Osvaldo Iglesias, Marta Yatzkaier y José Luis Cuerdo.
En la presentación, aseguró que mediante maniobras ilícitas, la concesionaria asumió deudas por $ 40 millones entre 1996 y 2004 a favor de pequeñas empresas, todas con domicilio legal en Buenos Aires y vinculadas a los mismos sospechados.
En febrero de 2009 , Alberto y su hijo Lucas Taselli fueron denunciados por los interventores que asumieron en la empresa en 2008.
La causa se inició por el delito de administración fraudulenta y retención indebida cometidas presuntamente mientras estuvo al frente de la empresa EDECAT S.A.
En la denuncia se consignó que el directorio tuvo que atravesar serios inconvenientes en la administración de la empresa, de donde había sido sacada deliberadamente valiosa documentación.
El ex fiscal, Juan Pablo Morales, había concluido que Alberto Taselli, formando parte de EDECAT como directivo obligaba y perjudicaba los intereses de EDECAT celebrando contratos que endeudaban a EDECAT a favor de empresas que él mismo y sus consortes procesales presidían. Es decir que vaciaban a EDECAT S.A. perjudicando el servicio público para acrecentar patrimonialmente a las empresas que también ellos comandaban.
La intervención y la reestatización del servicio
En octubre de 2008 estalló un escándalo gremial a partir de un reclamo salarial. Miles de usuario se quedaron sin luz por supuestos actos de sabotaje. Finalmente, el 24 de octubre de 2008, el Gobierno retomó el control del servicio de distribución de electricidad a partir de la intervención. Designó como interventores a Oscar Andreatta, por la parte técnica; Sergio Díaz, asesor legal, y luego sumaría al ex diputado Pablo Gaffet y al contador Horacio Ludueña.
La toma de control de la distribución se dio por medio de la ejecución de la garantía. Mediante ella, el Gobierno recuperó el 51% de las acciones y nombró a los directores.
Durante varios meses los directores nombrados por Brizuela tuvieron incontables problemas para poder ordenar la gestión. Es que al momento de hacerse cargo se encontraron con que faltaban bases de datos y, sorpresivamente, aparecieron supuestos proveedores a reclamar pagos. A su vez, se realizaron denuncias penales por supuestas maniobras de vaciamiento.
El Gobierno tenía 120 días para confeccionar los pliegos de venta de las acciones clase A y decidir cómo seguiría la prestación. Sin embargo, esta operación nunca se concretó.
La empresa no pudo revertir una mala situación financiera. Por eso, necesitó una millonaria asistencia estatal para pagar los consumos a su proveedora de energía, a lo que se sumaron las obras a financiadas por la Provincia.
Finalmente, a través del decreto acuerdo 2170/11, fechado el lunes 5 de diciembre, el Gobierno rescindió el contrato por la concesión de la distribución de energía por culpa exclusiva de la concesionaria EDECAT y creó, en la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, una Unidad Ejecutora de Gestión que se haría cargo de la prestación del servicio y de cerrar su traspaso a la nueva gestión que asumió en diciembre de 2011.
En las causales para la rescisión del contrato se señalaba: la incapacidad patrimonial existente, manifiestamente expuesta en la documentación legal correspondiente y por encontrarse verificadas las causales de rescisión por culpa del concesionario previstas en diferentes artículos del contrato de concesión y en la ley de Energía.
La anulación del contrato se realizó en base a los resultados de una auditoría exhaustiva sobre EDECAT, de la que surgió la existencia de estados contables falsos y el patrimonio negativo de la firma, en función del balance de 2008, último año en que esta fue administrada por los privados.
Ahora, los accionistas privados iniciaron una demanda contra el Estado por daños y perjuicios.
