viernes 29 de marzo de 2024

El nefasto impacto de los 15 años de EDECAT en los servicios

Doce años estuvo administrada por los hermanos Taselli. Nunca logró brindar un servicio de calidad.

La profunda crisis energética que desde hace años padecen los catamarqueños es producto de la entrega del negocio de la luz a un grupo empresario que, desde el inicio mismo de su actividad en la Provincia, contó con la connivencia del poder político para eludir sus responsabilidades en cuanto a inversiones y niveles de calidad del servicio. En reiteradas oportunidades fue beneficiada con fondos nacionales, auxilios económicos y salvatajes diversos que nunca fueron suficientes para mejorar la prestación. Hoy, todo forma parte de las deudas que dejó la empresa, pero además reclama 150 millones de pesos como compensación por la rescisión del contrato que se produjo en diciembre de 2001.



El paso de los hermanos Taselli en la historia de los servicios públicos fue ampliamente reflejado por El Ancasti durante los últimos 15 años. Una trama que tiene varios capítulos que todavía se develan en la Justicia local y hasta en los tribunales de Suiza.



La gestión de EDECAT se inició en enero de 1996, luego de un proceso de privatización no exento de polémicas que se llevó adelante durante el gobierno de Arnoldo Castillo. En ese momento, la cara visible de la firma era Sergio Taselli.



Todo comenzó con la entrega de la DECA (Dirección de Energía de Catamarca) a uno de los grupos empresariales de Sergio Taselli, que por 12 millones de pesos, el 5 de enero de 1996 tomó la prestación del servicio de energía eléctrica y comenzó una larga historia que estuvo signada por los escándalos.



Para el gobierno de Arnoldo Castillo, la venta de la DECA era un excelente negocio porque se desprendía de un organismo deficitario. El Gobierno siguió subsidiando a la empresa a través de la disponibilidad de los Fondos Especiales para el Desarrollo (FEDEI). Por este concepto, el Estado nacional destinó a Catamarca un total de 26 millones a entregar ese año.



Cuando EDECAT se hizo cargo de la distribución de energía, el Gobierno transfirió estos fondos para que la empresa los interviniera en la interconexión eléctrica en el oeste provincial. En 1997, la distribuidora convocó a una licitación pública para adjudicar la obra de interconexión nacional en Andalgalá, Belén y Tinogasta. Llamativamente, resultó favorecida IATE (accionista de EDECAT) a pesar de que también compitieron otras empresas a las que se las acusó de ser socias de los hermanos Taselli.



La Nación, a través del Consejo Federal de Energía Eléctrica y la Secretaría de Energía, inició una investigación para deslindar responsabilidades por los permisos y las facilidades que le otorgó el Gobierno de la Provincia a IATE. En 1997, el Consejo Federal de Energía suspendió los envíos de fondos FEDEI al Gobierno provincial por la falta de rendición e irregularidades en su utilización . La Provincia estuvo a punto de perder ese beneficio, tal como lo denunció en reiteradas oportunidades el ex diputado Edmundo Soria. Despúes de 17 meses de inhabilitación, el Consejo Federal de Energía Eléctrica dispuso el reintegro a Catamarca de los FEDEI.



También se produjeron sugestivos movimientos accionarios. En 1998, dirigentes y legisladores del FREPASO denunciaron ante Fiscalía de Estado que UNIVAL, una empresa fantasma radicada en Uruguay, se había quedado con acciones clase A de EDECAT en virtud de una transferencia contraria a lo normado en el contrato de concesión, que establecía que este tipo de acciones recién podían venderse 5 años después de la privatización, y siempre con autorización del ENRE. Pese a la contundencia de la denuncia, la Fiscalía de Estado no realizó investigación alguna.



Este tipo de maniobras se desarrolló mientras diferentes sectores denunciaban que la energía de la Provincia estaba en manos de un oligopolio, ya que, IATE, el grupo propietario de EDECAT participa también de la transportista TRANSNOA, a la que le compra energía, en una clara violación a la legislación vigente.



Denuncias: el fraude energético y la sobrefacturación

Cuatro años después de la privatización, llegaron las enérgicas protestas en Capital e interior por la precarización del servicio y porque ya era evidente la falta de inversión. Hubo enérgicos reclamos en Belén y Pomán que comenzaron a generar preocupación. Pero además este diario reveló la estrecha relación entre funcionarios del FCS que habían tenido participación en el proceso de privatización y que luego formaron parte del equipo de conducción de EDECAT. La complicidad quedó sellada con la ubicación en puestos privilegiados dentro de la empresa privada y además de convertirse en principales proveeddores.



En 2003, un apagón que dejó sin luz a 30 mil usuarios durante 12 horas puso en evidencia que la empresa no había realizado las inversiones para tener un sistema alternativo, a la que estaba obligada por el contrato de concesión



También, llegarían las denuncias por un supuesto fraude para evadir multas del ENRE y hasta una cuestionada sobrefacturación por no acatar los cuadros tarifarios fijados por el organismo.



En 2001, los abogados del ex vicegobernador, Hernán Colombo, presentaron una denuncia penal que derivó en escándalo. Allí acusaron a la empresa de adulterar los aparatos encargados de registrar la calidad del servicio. Dichos artefactos debían ser controlados simultáneamente entre la firma concesionaria y el ENRE. Sin embargo, sólo EDECAT elaboró los informes a su favor, aunque el servicio era deficiente . Y, de esta forma, mientras ahorró inversiones para superar esas fallas, también evitó ser sancionada con multas. La defraudación se calculó en $ 12 millones.



El proceso derivó en la detención de altos funcionarios de la empresa y del propio organismo de control.



Otra cuestión que debió resolverse en los tribunales fue la sobrefacturación a los usuarios de unos 11,5 millones de pesos al no cumplir con el cuadro tarifario establecido por el ENRE y aprobado por el Poder Ejecutivo. La empresa tuvo que devolver lo sobrefacturado, luego de un litigio judicial.



La salud pública también se fue puesta en riesgo por EDECAT. La empresa admitió que tenía transformadores refrigerados con PCB (bifenilos policlorados), compuesto de efectos cancerígenos y alta peligrosidad. Se vio obligada a confesar el hecho al municipio de Valle Viejo, luego de asegurar durante años que no usaba el nocivo elemento ante los casos de cáncer que surgían en las inmediaciones de sus equipos, atribuidos a la casualidad.



La liviandad de los criterios de la concesionaria en lo que se refiere a la integridad física de las personas fue denunciada por la Federación Nacional de Luz y Fuerza.









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