Una alternativa para la superpoblación del Estado provincial
A mediados de año, el ministro de Economía, Ricardo Aredes, hizo una confesión sorprendente: dijo que el ciento por ciento de la coparticipación federal que recibe la Provincia está destinada al pago de sueldos de la Administración Pública, descontando el 25 por ciento que va a los municipios, donde también se destina la totalidad a los salarios.
Para dar una idea más clara de la delicada situación financiera de la Provincia, Aredes explicó que si la coparticipación seguía disminuyendo como se insinuaba a esa altura del año-, podría haber problemas para pagar los sueldos. Tan estrechos estaban los números que, según abundó en un encuentro con diputados oficialistas, la poca obra pública que se ejecutaba por administración tenía como fuente de financiamiento la recaudación propia de Rentas, que por entonces oscilaba en 50 millones mensuales.
De acuerdo con el Presupuesto 2012, en la Provincia había a principios de este año 41.038 empleados públicos, de los cuales 35.459 son de planta permanente y 5.579 temporarios. A ellos se suman los docentes, que según estimaciones oficiales rondarían los 14.000 entre titulares y suplentes.
En cifras gruesas, sin contar los empleados municipales, del presupuesto de Catamarca dependen unos 55.000 trabajadores activos en forma directa. Es lógico suponer que el Estado puede funcionar en forma eficiente con una planta significativamente menor.
A poco de asumir, la gobernadora Lucía Corpacci admitió que la Administración provincial estaba superpoblada y que la situación financiera era por demás complicada. Y planteó como opción la generación de puestos de trabajo genuino por afuera de la estructura estatal.
Sin embargo y hasta que tal política dé resultados, el margen de maniobra de la Provincia en materia de finanzas públicas es prácticamente nulo. Así lo indicó el jefe de la cartera económica meses después. Si la recaudación cae, la consecuencia inevitable es el endeudamiento.
A la vez, se estima que para 2012 están previstas unas 600 jubilaciones. No obstante, es sabido que por cada jubilado que deja la Administración se designan uno o más nuevos empleados, con lo cual la plantilla salarial no sólo se mantiene intacta sino que además crece en forma exponencial, en ocasiones por arriba del aumento de la población. En algunos casos, esto se vincula con nuevos servicios que presta el Estado en sectores como salud, educación y seguridad.
Sin embargo, la cantidad de nuevos pasivos es muy baja en función del tamaño que tiene hoy el sector público. La explicación a esto hay que buscarla en 1994/1995, con el traspaso de la Caja de Jubilaciones a la Nación y el aluvión de los denominados jubilados de pantalones cortos, quienes merced a una decisión política por demás controvertida lograron obtener beneficios previsionales con apenas 50 años de edad.
Desde entonces, como la legislación previsional que se aplicó desde allí establecía la edad de retiro en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, pasaron entre 10 y 15 años en que hubo muy pocas jubilaciones en el Estado provincial y, paralelamente, seguía aumentando el personal activo.
Entonces, ¿cómo hacer para reducir el gasto público en materia salarial sin adoptar medidas drásticas de ajuste y que representan un altísimo costo social, más aún en una provincia estigmatizada por la cultura del empleo público?
Una alternativa viable es cubrir por año solamente un 20 por ciento de los puestos de trabajo en la Administración del personal que se jubila. Tal porcentaje podría ser mayor aún siempre y cuando las autoridades logren redistribuir recursos humanos, funciones y tareas.
Pero dado que todavía se siente el impacto de las jubilaciones de pantalones cortos, el Gobierno tendría un mayor margen para reducir la planta de activos a partir de 2014 y 2015, cuando una franja más importante de éstos llegue a la edad de retiro. Allí se producirá una ecuación más equilibrada entre los que están en actividad y los que ya pueden jubilarse.
La clave para reordenar el sector público es diseñar una matriz de funcionamiento del Estado basada en la eficiencia. El Gobierno no necesita hacer un ajuste impiadoso de la planta de personal para oxigenar su presupuesto. Basta con poner un límite a la cantidad de designaciones que se producen habitualmente en el Estado y encarar el flagelo de la desocupación reactivando otros sectores dinámicos de la economía.
Se trata, en definitiva, de introducir paulatinamente un cambio de fondo en la cultura del trabajo. La provincia se encuentra hoy frente al desafío de crear un nuevo paradigma de Estado y de empleo. La crisis de las finanzas públicas es una oportunidad inmejorable.
