La megalicitación de las 1.300 viviendas despertó sospechas apenas fue convocada debido a que tenía características muy similares a otro procedimiento similar que había puesto en marcha el anterior Gobierno: las empresas que quisieran competir tenían que obtener terrenos y certificaciones en tiempos muy acotados, imposibles en condiciones normales.
El proceso está dividido en 39 licitaciones que, en total, ascienden a más de 211 millones de pesos, incluido el precio de los terrenos.
Las dudas al respecto fueron planteadas por este diario. El secretario de Vivienda, Octavio Gutiérrez, y el presidente de la Cámara de la Construcción, Víctor Núñez, admitieron la existencia de contactos previos al lanzamiento de la licitación.
El proceso licitatorio es manejado específicamente por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), al mando del arquitecto Dante López Rodríguez.
La información que se publica hoy, no obstante, comprometería en primera instancia sólo a la corporación constructora, pues implicaría una cartelización en perjuicio del Estado de la que no necesariamente participarían funcionarios.
