Para funcionario nacional era normal llevar dinero a su casa
El funcionario es investigado por el robo de dinero destinado a un viaje de Cristina.
El empleado de la Casa Militar de la Presidencia Rodolfo Stefanon, imputado por el supuesto robo de dinero que debía custodiar y que estaba destinado a viáticos presidenciales, aseguró a la Justicia que era habitual llevar a su casa dinero público.
Stefanon declaró en la causa en la que se lo acusa de malversación de caudales públicos por el supuesto asalto en el que le sacaron 68 mil dólares y 17 mil euros que llevaba el 12 de enero pasado.
El funcionario prestó declaración indagatoria ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Patrio Evers, acompañado de su abogado defensor, Martin Magram.
Por ahora, los investigadores no encontraron indicios de que el empleado pudo haber simulado un robo y sólo hallaron elementos para adjudicarle una conducta negligente en el manejo del dinero público.
El hecho ocurrió el 12 de enero, cuando Stefanon subió a un auto oficial con una mochila en la que llevaba el dinero y emprendió el viaje junto al chofer, Sergio Federick, y el suboficial de la Fuerza Aérea Cristian Vázquez como custodia.
El auto supuestamente debía ir hacia el sector militar del Aeroparque local donde hay una caja de seguridad para que el dinero quedara allí hasta el día siguiente, cuando la presidenta Cristina Fernández emprendiera su gira por Medio Oriente.
Pero el chofer y el custodio declararon ante la Justicia que en un momento Stefanon cambió el destino y les indicó que debían ir hasta su casa, en el barrio de Palermo. Por su parte, Stefanon aseguró que se bajó en Malabia al 1330, en la esquina de su casa, para que el auto no tuviera que dar una vuelta a la manzana para dejarlo en la puerta. Pero contó que cuando estaba por recorrer esa media cuadra hasta su domicilio fue sorprendido por dos hombres que iban en una moto, quienes lo golpearon y se llevaron el bolso con la plata.
La Fiscalía le imputó malversación de caudales públicos en la versión del artículo 262 del Código Penal, que castiga con multas del 20 al 60 por ciento del valor de lo sustraído al funcionario público que por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos a su cargo, diera ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales.
