El director de Inspección Laboral, UATRE y Renatre negaron una denuncia de la AFIP.
El director de Inspección Laboral, Eduardo Tapia, el titular del gremio que nuclea a los trabajadores rurales, Ramón Ferreyra y la titular del Registro Nacional de Trabajadores Rurales, Miryan Juárez, negaron ayer una denuncia de la AFIP en la que afirmaron que existía trabajo esclavo en una finca olivícola de Chumbicha.
Un informe de prensa que difundió la AFIP a través de medios nacionales y locales daba cuenta de la realización de un operativo de control de empleo en empresas con beneficios promocionales y advertía que, en ese contexto, se detectó en un campo de olivares a 296 trabajadores en condiciones laborales precarias.
La empresa que fue inspeccionada por la AFIP está a 10 kilómetros de Chumbicha. Se trata de Digia S.A. y Herdit S.A., un diferimiento que antes pertenecía a un grupo salteño pero que fue transferido a una empresa con capitales de la India. Según la denuncia de la AFIP, los trabajadores dormían en condiciones inhumanas y no estaban garantizadas las mínimas condiciones para la convivencia en el campo.
Estamos lejos de conceptuarlo como una situación de trabajo esclavo o de reducción a la servidumbre. Las fotos que se difundieron en medios nacionales no son de Catamarca. Puede que haya alguna irregularidad, pero no estamos de acuerdo con que inventen que hay situación de esclavos, indicó la titular del Renatre.
Juárez no descartó la existencia de factores políticos que incidieron en el operativo de la AFIP al señalar que el Gobierno nacional tomó al campo como si fuera un enemigo. Y agregó : Hoy decimos que en virtud de la autoridad de aplicación no había trabajo esclavo, puede que haya alguna condición de precariedad laboral pero no es lo que se afirma, añadió Juárez y salió al cruce de varios puntos que se plantea en el informe que difundió AFIP. En este sentido indicó que fue evidente el desconocimiento del marco legal que regula a la actividad. Como ejemplo señaló que se indica que el trabajador gana $ 9 por cajón como haber bruto cuando en realidad $ 9 es lo que le queda de salario de bolsillo por cada cajón de 20 kilos.
La AFIP plantea exigencias que no están contempladas para el trabajador rural porque no son trabajadores permanentes, agregó Eduardo Tapia y puntualizó que se exigía la entrega de ropa de trabajo o un servicio de emergencia médica, obligaciones que no están contempladas en la ley. La historia
El director del organismo laboral de la Provincia relató que la empresa había sido inspeccionada por una denuncia que había radicado un trabajador que llegó de Tucumán, pero que en la finca se constató que no existían condiciones indignas para los obreros rurales que levantan la cosecha olivícola.
El empleado, que tenía otra expectativa salarial y por ello estaba disconforme, planteó que no quería permanecer en la cosecha olivícola y quería volver a su lugar de origen. Fue entonces cuando la Provincia, a través de la Dirección de Inspección Laboral, gestionó pasajes y un subsidio para la ración de comida. Sin embargo, en los días previos a la retirada, habló con los inspectores de la AFIP que llegaron al lugar.
Tanto Ferreyra como Tapia coincidieron en que el resto de los trabajadores no plantearon ninguna objeción al trato que recibieron en la finca, por eso no descartaron que se tratara de algún operativo armado en época de campaña política.
