Para el Ejecutivo Provincial los dos son malos, aunque uno menos que otro. Ambos proyectos establecen la protección sobre ambiente glaciar y periglacial, pero el aprobado recientemente por los diputados protege el área periglacial de la alta, media y baja montaña y, por tanto, una zona mayor. Para la Provincia, en ambos casos sigue siendo difusa la zona a proteger.
Las dos iniciativas legales prohíben las actividades que puedan afectar la condición natural de las áreas protegidas y señalan taxativamente algunas actividades vedadas: la liberación de elementos contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de las necesarias para investigación científica y la prevención de riesgos; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y el desarrollo de obras o actividades industriales. Y agregan que todas las actividades que no estén directamente prohibidas por la ley estarán sujetas a la aprobación de un estudio de impacto ambiental y a audiencia pública.
Como la autoridad de aplicación de la ley sería nacional, las provincias deberían solicitar los permisos para disponer de su territorio a nivel Nación y hasta se dejaría en manos de la Nación la elaboración de un inventario de glaciares. Pero mientras el proyecto original del Senado habilita la intervención de las provincias en la realización de ese inventario, la iniciativa de Bonasso encomienda esa tarea exclusivamente a la Nación. De hecho, en el proyecto aprobado por los diputados no se menciona a las provincias.
Largo tratamiento
El proyecto Bonasso aprobado por los Diputados es prácticamente idéntico al que la Presidenta vetó en noviembre de 2008. Fue entonces que el kirchnerista Daniel Filmus presentó un proyecto que terminó aprobando el Senado el año pasado. Pero cuando la iniciativa pasó a Diputados, Miguel Bonasso presentó un proyecto alternativo, idéntico al vetado y lo consiguió imponer agregándole algunos puntos del de Filmus- en la cámara baja. Ahora, por reglamento interno, el Senado debe votar sin introducir modificaciones alguna de las dos iniciativas que, según la provincia, son avasallantes de las potestades locales. Los senadores deben expedirse por una de dos leyes, pero no pueden cambiarlas. Las dos iniciativas en danza no sólo protegen los glaciares y ambientes periglaciares sino que definen qué actividades pueden realizarse en ellas y cuáles no.
Los proyectos encomiendan a un instituto nacional la elaboración de un inventario de glaciares. Aunque una de las normas permite a las provincias colaborar en esa misión, la que ya aprobaron los Diputados deja esa labor exclusivamente a la Nación.Las dos normas prohíben la exploración y explotación minera en las áreas protegidas y también la realización de obras de infraestructura e industriales. Y todo lo que se permita debe tener el aval de la autoridad nacional de aplicación de la ley.
