Sin embargo, Catastro había informado al Juzgado que, según documentación cartográfica, existía superposición de dominios y que había poblados e instituciones como escuelas dentro de la extensión territorial, sugiriendo la suspensión del procedimiento mientras se aclaraba la cuestión.
Al considerar que este planteo no se había hecho formalmente, y que no había prueba documental acreditada de superposición de dominios catastrales, se continuó con el remate.
La semana pasada, el campo se ofreció con una base de 360.000 pesos, a razón de 17,5 pesos por hectárea. La puja fue importante y la operación se cerró a favor de un particular argentino, en un millón de pesos, o sea, a 48,5 pesos por hectárea.
Según la información de Catastro, el campo rematado contiene parte de la localidad de El Quimilo, varios puestos, y al menos tres escuelas y caminos.
Antes de partir a la Capital Federal, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral dio instrucciones para que se realice un relevamiento catastral y se determine fehacientemente la propiedad de las tierras rematadas.
Por otro lado, el fiscal de Estado informó que el organismo también intervendrá en otro conflicto de tierras suscitado en Santa Rosa, en donde una empresa habría cercado caminos.El senador Luna pedirá informesEl senador por La Paz, Víctor Luna, anticipó que la semana próxima, una vez que dé inicio al período ordinario de sesiones legislativas, presentará un pedido de informes para que tanto la Administración de Catastro como el Registro de la Propiedad de Catamarca informen acerca de los títulos y el padrón del campo de 20.600 hectáreas de La Guardia, rematado por orden de la Justicia cordobesa.
De esta forma, espera saber si quien adquirió la propiedad en el remate concretado el jueves 22 ya la inscribió a su nombre y además evaluar los demás títulos de propiedad que, se asegura, se superponen al dominio rematado, a fin de analizar si cabe o no avanzar con un pedido de expropiación.
Luna aseguró que solicitó información sobre el campo rematado antes de que se cumpla la orden judicial, sin embargo dijo que no fue posible frenar el proceso. Consulté con abogados por ese tema y desde el punto de vista jurídico no había posibilidad de frenarlo. Inclusive un pequeño empresario de la zona hizo una presentación, pero fue desestimada, dijo.
