El fiscal de Instrucción N°4 del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta, dispuso la libertad de la mujer investigada en una causa por presunta violencia familiar contra su hijo de 3 años, una vez cumplidos los diez días de detención que habían sido confirmados por el Juzgado de Control de Garantías; y también resolvió prohibir que la mujer se acerque al niño.
La medida se hizo efectiva luego de que la imputada cumplimentara una caución real de 2 millones de pesos.
Al recuperar la libertad quedó sujeta a las restricciones dispuestas en el marco de la causa y a las medidas de protección ordenadas por el Juzgado de Familia N° 1.
Entre ellas, se estableció la prohibición de acercamiento al niño y de ingreso al domicilio donde se encuentre, hasta que cese la situación de riesgo y concluyan los informes ordenados por el Juzgado de Familia.
La mujer tampoco podrá acercarse a los lugares que el niño frecuente habitualmente, incluida la vía pública, y deberá mantener una distancia no menor a 200 metros.
Además, tiene prohibido comunicarse, relacionarse, entrevistarse o mantener cualquier tipo de contacto con el niño, ya sea de manera presencial, telefónica, mediante dispositivos móviles, correo electrónico, terceras personas o cualquier otro medio.
Las restricciones fueron establecidas bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Medidas
El Juzgado de Familia N° 1 también ordenó, con carácter urgente, la intervención del Equipo Técnico Forense (ETF) para la realización de informes socioambientales y psicológicos vinculados al grupo familiar. Asimismo, dispuso dar intervención a la Secretaría de Familia y al Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para que arbitren las medidas asistenciales correspondientes respecto de otras dos niñas que conviven con la mujer. La investigación penal continúa a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 4 del Distrito Oeste.
La madre del niño fue imputada por el delito de "amenazas simples", en calidad de autora. De acuerdo con la imputación, se le atribuye haber emitido, a través de mensajes de audio enviados mediante una aplicación de mensajería, expresiones intimidatorias que habrían generado un temor fundado en el padre del niño respecto de la integridad física del menor.