El agresor fue condenado por cinco hechos de ultraje y la Corte lleva siete meses sin resolver un recurso de casación.
Coria. El empresario gastronómico que fue condenado.
Una denuncia realizada hace cinco años por cinco hechos de abuso sexual, derivó en una condena a cinco años de prisión a Sergio Coria, un empresario gastronómico que luego recurrió en casación. Pasaron siete meses de presentado el planteo y los jueces de la Corte de Justicia todavía no emitieron su dictamen.
El caso se inició en diciembre de 2020 cuando una joven empleada lo denunció por los reiterados ultrajes. En octubre de 2021 la Justicia le impuso restricciones y en agosto de 2022, por la inexplicable demora judicial, la querella representada por el abogado Carlos Rosales Vera exigió celeridad al Poder Judicial.
La defensa de Coria se había opuesto al decreto de determinación del hecho y en diciembre de 2022, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos rechazó la pretensión.
En marzo de 2023 Coria fue indagado por el fiscal Sebastián Pelisari. La defensa insistió con un nuevo planteo y en junio de 2024 el Tribunal de Alzada confirmó la elevación a juicio. El debate se desarrolló en el Juzgado Correccional N° 3 y a principio de marzo de 2025 el juez Javier Herrera lo declaró culpable de cinco hechos de abuso sexual simple.
Lo condenó a cinco años de prisión y dispuso que Coria continúe en libertad hasta que la condena quede firme. La defensa casó el fallo y en mayo se realizó la audiencia de expresión de agravios en el Salón San Martín de la Corte de Justicia. Pasaron siete meses y los jueces no resolvieron.
“Se cumplieron cinco años desde que hicimos la denuncia. Cinco años y este hombre sigue en libertad a pesar de haber sido condenado. Él hace su vida como si nada hubiese pasado y nosotros seguimos esperando Justicia”, advirtieron desde el entorno familiar de la víctima.
En la sentencia condenatoria, el juez Herrera dio sus fundamentos y destacó que “la lógica de la inmediación me permitió tener enfrente a una víctima bien plantada, verborrágica, resiliente, que ocultó su angustia cuando rememoró el quiebre emocional que significó el hecho más grave, y su decisión de contarle a su padre lo que padecía. Aun así, su claridad expositiva nos brindó una versión sin lagunas, coherente, consistente y verificable a través de prueba directa y corroboraciones periféricas”.
“Llama poderosamente la atención que Coria no señale un solo testigo que adune esa relación de coqueteo y amenazas, un amigo a quien se lo haya contado. También me llama la atención que, con todos los problemas de desempeño laboral que supuestamente tenía la denunciante, sumado a las supuestas amenazas, ella no haya sido despedida de inmediato por Coria, quien, en esta relación asimétrica de jefe-empleada era el que detentaba el poder”, consideró.
El magistrado aclaró que si bien declarar es un derecho del imputado, no pudo soslayar que su negativa a contestar preguntas impidió aclarar algunas cuestiones o efectuar algunas preguntas a fin de evaluar la viabilidad de lo que argumenta. Al respecto, remarcó que tratándose de un caso de violencia sexual cometida en un contexto de violencia de género, la valoración de la prueba deber ser integral.
En este contexto, el juez indicó que de acuerdo con la prueba analizada, centrada esencialmente en la verosimilitud del relato de la denunciante, ausencia de indicios de fabulación y la conducta precedente y concomitante de Coria, en esta confrontación de “dicho contra dicho”, se tiende a desconfiar de la fiabilidad del acusado.
Además, valoró que la prueba aportada por el Ministerio Público Fiscal, acompañado por la querellante particular, han sido suficientes para tener por acreditada la prueba que pesa sobre Coria más allá de cualquier duda razonable.
“La defensa expuso a la víctima a una serie de críticas, objeciones, pruritos y estigmas, propios de una concepción estereotipada sobre lo que debería ser, en su criterio, una ‘buena víctima’. No advierto que exista en la joven algún motivo espurio o interés económico que la incline a mentir deliberadamente, y exponerse al escarnio del debate oral a más de cuatro años de los hechos, con una vida desarrollada en otra provincia”, apuntó.
Además, remarcó que Coria obró en contra del consentimiento de la víctima y el medio comisivo fue el aprovechamiento de la imposibilidad momentánea de la joven de consentir libremente la acción. A la vez, precisó que uno de los hechos implicó el uso de violencia física sobre la joven, mediante el despliegue de una energía física apta para doblegar su resistencia.
“La particularidad de estos casos está dada porque Coria abusó de su condición de jefe-empleador para generar o aprovechar los momentos en que cometió cada uno de los actos”, sostuvo.
