El juez de Control de Garantías Nº 4, Marcelo Sago, dictó la prisión preventiva de Paulo Domingo Silva, quien está imputado por “estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de débito, continuada y en calidad de partícipe primario”, en la causa de las “tarjetas clonadas”.
Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, la prisión preventiva tendrá un plazo de 20 días hábiles, que le permitirá al Ministerio Público Fiscal avanzar con la producción de más pruebas. Durante ese periodo, Silva permanecerá encarcelado en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, en el departamento Capayán. Silva se encuentra en el Penal desde el 8 de marzo, desde que le confirmaron la detención.
La audiencia de prisión preventiva se realizó este miércoles a la mañana, en el edificio del Juzgado de Control de Garantías. En la misma, estuvieron presentes el juez Sago; el fiscal de Instrucción Nº7, Alejandro Gober; y el abogado defensor, Pedro Vélez.
En la audiencia, el fiscal Gober fundamentó que todavía existen riesgos procesales. En este sentido, señaló que la investigación no concluyó. Además, mencionó que hay dispositivos digitales que deben ser peritados. También señaló que existe una demora por parte entidades bancarias, financieras y empresas que prestan servicios en cuanto a recolectar información y ponerla a disposición para la causa.
Por otra parte, el defensor Vélez remarcó que Silva brindó datos relevantes para la investigación, a los fines de que se puedan determinar quiénes fueron los damnificados y los presuntos autores de las estafas. Según el abogado, volvieron a expresar la predisposición para colaborar con la Justicia. De acuerdo a lo que destacó Vélez, Silva mostró arrepentimiento y su interés de reparar, en alguna medida, el daño que causó.
Fiscal
Gober dijo que el último fin de semana recibió información con la que se pudo “desenmascarar” a esta “organización criminal”, que opera en varias provincias del país. Para el fiscal, Silva habría sido “reclutado” por esta banda para que le brinde información de tarjetas y de personas que luego fueron estafadas. El investigador resaltó que, por ahora, Silva tiene seis denuncias en su contra, aunque se sospecha de que hay más víctimas. Desde la Fiscalía de Instrucción Nº7 están contactando a más personas que, posiblemente, fueron estafadas.
En función de la declaración de Silva en indagatoria y otras pruebas colectadas por la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, Gober ordenó la detención de otras personas que se encuentran en otras provincias, las cuales no fueron dadas a conocer para no obstaculizar la investigación.
Desglose
Gober decidió desglosar la investigación al entender que hay sospecha de la comisión de otros delitos que pertenecen al fuero federal. Se trata de la “interceptación de correspondencia” y la “falsificación de moneda por equiparación”.
El Código Penal de la Nación prevé para la “interceptación de correspondencia” una pena de uno a cuatro años para “el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto”.
La “falsificación de moneda” prevé una pena que va de los tres hasta los 15 años de prisión.
El texto previsto en el articulo 173 inciso 15, reza que será penado “el que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática”.