Tras la mora legislativa, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y Defensoría del Pueblo firmaron un acuerdo.
El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Defensoría del Pueblo de Catamarca firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional orientado a crear el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLP), el organismo que la provincia lleva años debiendo. El convenio fue suscripto por el ministro Alberto Natella, el defensor del Pueblo Dalmacio Mera y el secretario de Seguridad Gastón Venturini Quiroga, con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso.
El acuerdo establece un marco de cooperación de carácter preparatorio y transitorio: no crea el MLP, sino que sienta las bases institucionales para avanzar hacia él. Entre sus ejes centrales figuran la elaboración de un Plan Provincial de Adecuación a las recomendaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el intercambio de información entre organismos, la elaboración de protocolos de actuación, la capacitación del personal y la generación de herramientas técnicas para la futura puesta en marcha del mecanismo.
Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas (OPCAT) en 2004 y creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura mediante la Ley 26.827, sancionada en 2012. Esa norma establece que cada provincia debe contar con su propio Mecanismo Local de Prevención: un organismo independiente con facultades para visitar sin previo aviso todos los lugares donde hay personas privadas de libertad —cárceles, comisarías, institutos de menores, centros de salud mental, hogares de adultos mayores— y formular recomendaciones vinculantes.
Catamarca incumplió ese mandato durante más de una década. Un proyecto de ley para crear el MLP llegó a la Legislatura pero perdió vigencia en 2023 sin que los legisladores lo trataran. La provincia quedó así entre las seis jurisdicciones del país que, al momento de la firma de este acuerdo, aún no habían institucionalizado el mecanismo.
La ausencia del MLP no es un tecnicismo administrativo. Tiene consecuencias directas sobre las personas privadas de libertad: sin un organismo local de monitoreo independiente, el control recae exclusivamente en el CNPT nacional, que debe cubrir todo el territorio argentino con recursos limitados. En la práctica, eso significa visitas menos frecuentes, menor capacidad de seguimiento y, sobre todo, ausencia de un interlocutor local que pueda actuar con inmediatez ante situaciones de riesgo.
El Informe Anual 2025 del CNPT —publicado en los últimos meses y que El Ancasti analizó en detalle— dejó en evidencia por qué ese control es necesario. El documento incluyó a Catamarca entre las jurisdicciones donde se registraron testimonios de golpizas como represalia ante reclamos de derechos, medicalización forzada sin criterio médico y uso indiscriminado de armas menos letales —balas de goma y aerosoles irritantes— sobre la población encarcelada.
El caso más grave descripto para la provincia involucra un sector del Servicio Penitenciario Provincial conocido como 'la torre', donde según testimonios recibidos por el CNPT se produjeron golpizas intensivas: víctimas suspendidas de sus extremidades superiores a un poste o escalera, o sometidas a la posición denominada 'barquito' —esposadas de pies y manos por la espalda, boca abajo— durante varias horas.
El informe también registró un aumento en la tasa de mortalidad bajo custodia en la provincia: una muerte en 2022 (tasa 1,9 cada mil personas privadas de libertad), una en 2023 (tasa 2,0) y dos en 2024 (tasa 3,7). En dos años, la tasa casi se duplicó.
El CNPT describió estas prácticas no como hechos aislados sino como conductas institucionalizadas: metódicas, sistemáticas y regulares. La inexistencia de un mecanismo local de monitoreo fue señalada explícitamente como un factor que dificulta la prevención y el seguimiento.
El convenio firmado esta semana es, en palabras del propio defensor del Pueblo Dalmacio Mera, 'el punto de partida'. La iniciativa comenzó a gestarse a fines del año pasado como respuesta a esa deuda institucional. Mera adelantó que ya se iniciaron contactos con legisladores para impulsar el proyecto de ley que dará sustento jurídico al futuro organismo y remarcó que el objetivo es adecuar la normativa provincial a los estándares de Naciones Unidas y del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
El acuerdo tiene alcance sobre todos los lugares de privación de libertad de la provincia, no solo el sistema penitenciario: abarca también comisarías, institutos de responsabilidad penal juvenil, centros de salud mental y cualquier otro espacio donde el Estado ejerza custodia sobre personas. Esa amplitud es relevante: el CNPT documentó en sus informes que las vulneraciones de derechos no se concentran exclusivamente en las cárceles.
Sin embargo, el acuerdo es un instrumento preparatorio y transitorio. No crea el MLP ni le otorga las atribuciones que la ley nacional exige: independencia funcional, facultad de visita sin previo aviso, acceso irrestricto a la información y capacidad de formular recomendaciones. Para que eso ocurra, la Legislatura deberá aprobar una ley provincial. Mera señaló que ese es el siguiente paso y que los contactos con legisladores ya están en marcha.
Catamarca no parte de cero en términos de referencia. La mayoría de las provincias argentinas ya cuentan con su MLP en funcionamiento, con distintos grados de desarrollo institucional. Algunas lo crearon por ley específica; otras lo integraron a organismos preexistentes como las defensorías del pueblo o las comisiones legislativas de derechos humanos. En todos los casos, la clave es la independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo y del sistema penitenciario que debe monitorear.
El CNPT trabaja en Catamarca con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca para fortalecer las capacidades de monitoreo en la provincia. Ese vínculo, que el propio organismo nacional impulsó ante la ausencia del MLP local, podría integrarse al nuevo marco institucional que el acuerdo busca construir.
La firma del convenio es una señal concreta de que la provincia se pone en movimiento después de años de inacción. Lo que reste por recorrer —el proyecto de ley, el debate legislativo, la conformación del organismo, la definición de sus atribuciones y su financiamiento— determinará si ese movimiento se convierte en una herramienta real de prevención o si queda, una vez más, en la sala de espera de las comisiones legislativas.
