domingo 26 de junio de 2022

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Causa RT Inversiones

Se define si las partes apelan los procesamientos

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24 de junio de 2022 - 00:10

Una vez conocido el dictado del procesamiento con prisión preventiva para la cúpula de RT Inversiones y la orden de embargar bienes, se espera que en las próximas horas las partes interesadas en la causa definan si apelan o no la medida.

El juez federal Sebastián Diego Argibay, quien subroga a Miguel Ángel Contreras, dictó el procesamiento con prisión preventiva y ordenó el embargo para Edgardo Edmundo Bulacio, Edgardo Federico Bulacio, Alicia Estela Nieva, Ariel Vergara y Matías Rolón Reynoso.

En otro punto de su fallo dispuso que seguiría al frente de la causa por presunta intermediación financiera no autorizada, en tanto entendió que la justicia provincial debía ser la que investigue la estafa y la asociación ilícita.

Una vez notificadas las partes de esta resolución, cuentan con un plazo de tres días hábiles para apelar la medida. En ese caso el expediente sería elevado a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para que defina los planteos.

Concurso

Un aspecto clave en la resolución emitida por el juez Argibay fue considerar que la conducta desplegada por los siete procesados no debía ser considerada como una sola acción y no hay concurso de delitos.

En la resolución, Argibay entiende que la "intermediación financiera no autorizada" puede ser separada de las otras dos acusaciones: estafa y asociación ilícita.

"Se advierte que el delito de intermediación financiera no autorizada se ha configurado como un delito de peligro abstracto, no exige, para la sanción penal, la producción de un resultado (beneficio o daño, ni tan siquiera la creación de un peligro concreto)" sostiene Argibay.

"En tanto el delito de estafa requiere un perjuicio económico para el engañado o para un tercero", expuso y agregó que la intermediación financiera no autorizada "protege el orden financiero y económico" mientras que la estafa "es un delito contra la propiedad que se extiende a diversas hipótesis en tanto se castiga el daño patrimonial que ocasiona".

Para la Fiscalía Federal, los tres delitos concursan en tanto que para el juez ocurre lo contrario.

Callvu

En el marco de la causa contra la empresa Callvu ayer amplió indagatoria el imputado Eduardo Guerrero, quien aclaró que tenía un "pozo" familiar en la firma de Cristian Rojo y que debido a la relación cercana que mantenía con éste le propuso que le diera el dinero y él realizaría los pagos en su inmobiliaria. Negó que su negocio haya funcionado como sucursal de Callvu.

Ayer también fue citada para indagatoria una joven de apellido Granado, quien era secretaria de Guerrero. La mujer se abstuvo de prestar declaración.

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