El juez de menores aclaró que el joven de 15 años no es punible según la legislación vigente y pidió profundizar el debate en las causas sociales del problema.
El juez de menores, Rodrigo Morabito, publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que abordó la situación del adolescente de 15 años que entró armado a una escuela de Santa Fe y provocó la muerte de un compañero e hirió a otros. En su publicación Morabito desmintió al gobernador de Santa Fe que había manifestado que el adolescente sería juzgado por el nuevo régimen penal juvenil.
En su publicación, el magistrado remarcó que, si bien lo sucedido es “gravísimo” y genera una “angustia social absolutamente comprensible”, el joven no puede ser juzgado penalmente debido a la nueva legislación aún no entró en vigencia.
Morabito explicó que actualmente rige el decreto ley 22.278, que establece que los menores de 16 años no son punibles. En ese sentido, señaló que, aunque se sancionó la Ley 27.801 que baja la edad de punibilidad a 14 años, la norma aún no está en vigencia y no puede aplicarse de manera retroactiva si perjudica a la persona, en línea con las garantías del Estado de Derecho.
El juez subrayó que esta situación no implica la ausencia de intervención estatal, sino que el abordaje debe realizarse a través de medidas de protección, acompañamiento y un enfoque integral, en lugar de sanciones penales.
En su análisis, Morabito planteó además una serie de interrogantes sobre el contexto del hecho, vinculados al acceso a armas de fuego, posibles fallas en los controles, situaciones de violencia, bullying o condiciones familiares y emocionales del adolescente.
“Cuando un chico empuña un arma, el problema empezó mucho antes”, expresó, al señalar que este tipo de situaciones se originan en problemáticas sociales profundas como la falta de contención, la violencia y la ausencia del Estado.
Finalmente, el magistrado consideró que centrar el debate únicamente en la punibilidad implica no abordar el problema de fondo, y sostuvo que la discusión debe enfocarse en la prevención, la salud mental, los vínculos familiares, la educación y el rol de las instituciones para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
