La sospechosa intentó eliminar pruebas al momento del operativo y sufrió una sobredosis fatal. Su pareja, un efectivo en actividad, quedó imputado.
Una mujer murió tras ingerir droga en medio de un allanamiento realizado en un domicilio del barrio IPV 360, en la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo directivas de la fiscal antidrogas Milagros Rivas, quien venía siguiendo a la sospechosa desde principios de año por presunta venta de droga bajo la modalidad de “kiosco”.
Al ingresar a la vivienda, los agentes identificaron a la mujer y a su pareja. En ese momento, la sospechosa intentó deshacerse de la droga: corrió hacia el baño para arrojar sustancias al inodoro y también se introdujo envoltorios en la boca.
Según explicó la fiscal, la mujer logró escupir una parte de la sustancia frente al personal policial y negó haber ingerido el resto. Sin embargo, poco después sufrió una descompensación severa. La ingesta masiva le provocó un shock cardiogénico y, pese a ser trasladada de urgencia al Hospital de Urgencias, falleció horas más tarde por una sobredosis.
Durante el registro del inmueble, que funcionaba como punto de venta encubierto bajo la fachada de un kiosco, los investigadores secuestraron alrededor de 100 dosis de cocaína listas para su comercialización y una suma cercana al medio millón de pesos en efectivo. Desde la fiscalía señalaron que se trataba de un punto de venta “muy activo”.
El caso sumó mayor gravedad al confirmarse que el hombre que se encontraba en el lugar es un efectivo de la Policía de Córdoba en actividad, de 60 años, pareja de la mujer fallecida. Si bien inicialmente no estaba bajo investigación, fue detenido e imputado tras surgir elementos comprometedores durante el operativo.
La causa continúa en etapa de investigación. Mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar la cantidad exacta de droga ingerida, la Justicia avanza con el análisis de teléfonos celulares secuestrados, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados en la cadena de suministro.
