Estos insumos, por sus particularidades, eran -y son- gestionados desde el Programa Incluir Salud, cuando se trata de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas.
En la nueva resolución dictada por el juez federal, Ariel Lijo, y a la que accedió Clarín, se dio por corroborada una segunda estructura de corrupción.
Las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad, desnuda la “existencia de una organización delictiva que habría direccionado contrataciones públicas y permitió identificar diferencias de precios por más de $7.833 millones entre medicamentos e insumos médicos”.
Como consecuencia de los hechos pesquisados, se resolvió el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió el procesamiento de otras 5 que ya estaban procedas.
La resolución amplió los procesamientos de Diego Orlando Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, en su condición de jefes de la asociación ilícita investigada, así como los de Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados miembros de esa organización.
Este segundo tramo de la investigación sobre maniobras de corrupción desarrolladas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se enfocó en las contrataciones de insumos médicos y ortopédicos realizadas mediante el Programa Incluir Salud.
En esta ocasión, el juzgado extendió la atribución a las maniobras vinculadas con las contrataciones del rubro insumos, como parte de la misma estructura delictiva investigada.
A la hora de explicar la maniobra de corrupción, el juez Lijo determinó que los elementos de prueba reunidos, permiten atribuir a las personas los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional.
También en algunos casos se dio por probado “hechos constitutivos del delito de lavado de activos agravado, relacionados con la presunta canalización y circulación de fondos provenientes de las maniobras investigadas”.
La ruta del dinero
En esta segunda etapa del expediente delegado en la fiscalía a cargo de Franco Picardi, se analizaron los procedimientos de adquisición correspondientes a seis segmentos del rubro insumos: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología.
Un relevamiento técnico del Ministerio de Salud de la Nación de la administración libertaria, expuso una considerable diferencias de precios de por lo menos $1.849.277.963 en determinadas operaciones de insumos.
Dichas cifras se suman a los $5.984.594.394,24 previamente identificados en el rubro medicamentos, lo que arroja una cuantificación económica conjunta de $7.833.872.357,24.
La resolución explica que estos números revisten el carácter de provisorio y parcial. Dichas estimaciones fueron construidas a partir de las operaciones que pudieron ser comparadas con valores de referencia.
La asociación ilícita
“En definitiva, el conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo —principalmente Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas—“.
Como “operadores externos” de sus estructura delictiva, se acusaron a Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, “empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos provenientes de las maniobras investigadas”.
Al momento de sostener la atribución penal, la resolución expresa: “Los integrantes de esta asociación ilícita, habrían actuado coordinadamente, mediante una distribución de funciones destinada a favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado Nacional.”
En cuanto al funcionamiento del esquema, se explicó: “La operatoria habría consistido en la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos PACBI, mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas”.
A través de ese mecanismo -expresa la resolución judicial-, “se habrían generado beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización”.
Un componente central analizado por el juez Lijo, es la “reiteración de estas prácticas en los distintos segmentos, los vínculos entre sus protagonistas y las numerosas comunicaciones y operaciones económicas documentadas permiten sostener que no se trató de irregularidades aisladas, sino de una actuación organizada y sostenida en el tiempo.”
Es, justamente, el circuito corroborado por la Sala II de la Cámara Federal, que al examinar las contrataciones efectuadas mediante el sistema SIIPFIS señaló que “fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”. Asimismo, al valorar los vínculos entre funcionarios, operadores externos y empresas proveedoras, destacó que “esas acciones no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes”.
Sin embargo, determinó Lijo al momento de concluir la valoración de la maniobra delictiva, “la significación penal de los hechos investigados no se agota en los sobreprecios que pudieron cuantificarse hasta el momento”.
Es por ese motivo, que la resolución destaca que lo verdaderamente relevante es que las “pruebas reunidas permiten reconstruir la existencia de un mecanismo organizado de contratación pública que habría sido puesto al servicio de intereses particulares, mediante la intervención coordinada de funcionarios y empresarios que condicionaron decisiones administrativas en beneficio propio”.
Es precisamente esa “actuación concertada, reiterada en numerosos procedimientos y acompañada por la circulación de beneficios indebidos, la que permite sostener provisoriamente la existencia del entramado delictivo investigado, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde atribuir individualmente a cada uno de sus integrantes”, indicó el magistrado.
Los acusados y las faltas de mérito
En la resolución de 553 páginas a la que accedió Clarín, además, se dispuso el procesamiento de empresarios y personas vinculadas con distintas firmas proveedoras de la ANDIS. Entre ellos se encuentran Emilio César Olguín, relacionado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martín Gonzalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, vinculado con Farma Salud S.R.L.
También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, relacionado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, vinculado con Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, relacionado con Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, vinculado con Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, relacionado, entre otras firmas, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
La decisión también alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, quienes habrían desempeñado funciones relevantes dentro de la estructura administrativa del organismo, particularmente relacionadas con la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro tramo de la investigación se dispuso el procesamiento de Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir de la investigación de circuitos financieros y comerciales vinculados con Miguel Ángel Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. Asimismo, fue procesado Lautaro Valentín Brítez como miembro de la asociación ilícita.
Finalmente, el magistrado resolvió dictar la falta de mérito de 11 personas que fueron indagadas, de las cuales corresponde profundizar la investigación.