Liberarán a la jubilada que pasó más de un mes presa por intentar llevarse un pedazo de carne
Estela Chávez, quien cobra la jubilación mínima, recibió la excarcelación tras pagar 150 mil pesos de fianza y esperará en libertad el juicio en su contra.
14 de noviembre de 2026 - 10:48
Estela Chávez, una jubilada que cobra la mínima, ya tiene firmada su excarcelación y va a esperar en libertad el juicio por el intento de hurto de comida en un supermercado de cadena. Pasó más de un mes detenida en la alcaidía 15 de la Ciudad de Buenos Aires, sin acceso a visitas. La alcaidía es un lugar de tránsito para mujeres detenidas hasta que se resuelva su situación procesal. Pero los plazos se alargan y en espacios previstos para estadías de entre 24 y 48 horas hay que organizar la convivencia y la vida cotidiana por 20, 30 y hasta 180 días, según consta en el último informe del Mecanismo Local contra la Tortura de CABA. La salud de Estela se deterioró, tuvo una infección urinaria y estuvo expuesta permanentemente al humo del cigarrillo. Todo por haber intentado sobrevivir. ¿A quién le hizo daño esta mujer? ¿A una cadena de supermercados? Ni siquiera pasó la línea de cajas con mercadería entre su ropa, pero la acción penal cada vez llega más lejos.
El de Estela Chávez, que por fin volverá a su casa después de que su familia juntó los 150 mil pesos que le impusieron como caución, no es un caso aislado. Según fuentes judiciales, las causas por hurto o intento de hurto de comida o productos básicos en autoservicios chinos o locales de cadena aumentaron y los criterios para darles curso también se modificaron. Se habla de «hurto famélico» cuando alguien se lleva comida u otros productos básicos por necesidad. Pero, según una de las fuentes consultadas, esa necesidad casi nunca se toma en cuenta.
L.O.R. tiene 29 años y es migrante con residencia permanente. Desde que llegó de Venezuela, donde dejó inconclusa la carrera de comunicación social, siempre trabajó: como camarerx, en trabajos remotos de servicio técnico y también de atención al público. Pero el último año el sueldo empezó a acabarse demasiado rápido. Alquilaba y hasta pagaba a un psiquiatra porque sufría ataques de pánico, más después del terremoto en Venezuela. El día en que se animó a meter una bandeja de carne picada entre su ropa hacía casi 24 horas que no comía. Dos guardias le inmovilizaron en la línea de cajas. “Me preguntaron si podía pagar y les dije que me dejaran llamar a un amigo para que lo pague, pero no me dejaron. Se puso otro guardia atrás. Me afectó mucho, me puse muy nervioso. Enseguida vino la policía. Alrededor mío había cinco policías y tres guardias, a la vista de todo el mundo”. L.O.R. se puso a llorar. Había interrumpido su trabajo remoto porque tenía hambre. Pensó que serían unos minutos y le avisó a un amigo que volvería enseguida. No fue así. Le esposaron, pasó dos días en detención, se le inició una causa judicial y tuvo que dormir en un “colchón que tenía pis y pupú”, sin su medicación, porque la misma policía “me convenció para que no la pidiera porque retrasaba todos los trámites”.
Finalmente, L.O.R. obtuvo el sobreseimiento. El caso insumió recursos judiciales y de detención: se movilizó un vehículo, intervinieron al menos cinco efectivos y hubo que darle comida (fría) durante el encierro. Todo por una bandeja de carne picada de 5.669,05 pesos, según consta en el escrito. La bandeja nunca salió del supermercado. Para L.O.R., que es una persona no binaria, las consecuencias fueron mucho peores: como tuvo que interrumpir la conexión con el trabajo remoto durante tanto tiempo, lo perdió. No consiguió otro para sostener el alquiler ni para seguir con la atención psiquiátrica. Le sostuvieron sus amigues. “Ahora estoy invitade en una casa, conseguí otro trabajo remoto, pero es part time”, cuenta.
Carma Cannizzaro trabaja en el Poder Judicial, es parte de la agrupación Diversidad y Justicia y tomó contacto con la defensoría que representó a L.O.R. “Hay un montón de casos como este. Antes se sacaban por principio de insignificancia”, dice Cannizzaro. Según explica, ese principio permite pedir el sobreseimiento cuando la lesión al bien jurídico protegido por la norma, en este caso la propiedad, es demasiado leve para justificar la intervención penal. “Lo que me dicen es que ahora, cuando empezaron a plantear este principio, las fiscalías se fijan en el precio del corte de la carne. En el caso de L.O.R. fue evidente, pero en otros no”, dice Cannizzaro.
Estela había intentado llevar más que una bandeja de carne picada, y también es verdad que en los últimos dos años otras veces la habían detenido por hechos similares, siempre intentando llevar comida, siempre rebuscándoselas para comer. “Pero lo cierto es que el sistema penal no suele considerar las condiciones de existencia de las personas. Y en el caso de una jubilada que trabajó en casas particulares, un trabajo que implica desgaste físico, además de lo que implican los trabajos de cuidado de seis hijos, ¿qué pretenden, que se resigne?”, insiste Cannizzaro. Aunque huelgue decirlo, acá está lo que sucede cuando no se llega a fin de mes y las redes para sostenerse no alcanzan: el hambre que el sistema provoca empuja a buscar cómo comer, y la respuesta penal profundiza la exclusión. Así llegó Estela a pasar más de un mes presa en una alcaidía.
Hay casos en los que la fiscalía impugna la aplicación del principio de insignificancia. La causa de F.M.M., de junio de este año, llegó a la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. El juez de primera instancia lo había sobreseído por insignificancia, pero el fiscal apeló pidiendo que “se abandonen los automatismos formalistas”. Planteó que el intento de hurto de cuatro barras de chocolate de un supermercado de cadena podría haber tenido por objeto la reventa y que, además, el hurto se “había consumado en relación al apoderamiento de las donas”. Traducido del lenguaje legal, el hombre había comido dos donas de un paquete que había escondido entre sus ropas junto a las barras de chocolate. Tras la intervención de Casación, la causa pasó a otro juez, que finalmente absolvió al hombre. ¿Para qué sirven estos procesos penales? Se inician con el espectáculo de detener a personas pobres en un local abierto al público, con intervención de la policía y esposas, un punitivismo similar al que se impone a vendedores y vendedoras ambulantes, a quienes no se les permiten las estrategias de supervivencia que puedan encontrar.
La orden de soltura de Estela Chávez ya está firmada mientras se escribe esta nota. Se firmó al mismo tiempo que se conocieron los números de inflación y se constató, una vez más, que las jubilaciones mínimas siguen perdiendo poder adquisitivo. La inflación fue del 2,2 por ciento y el ingreso de quienes cobran la mínima, incluido el bono, subió un 1,87 por ciento, debido a la tozudez del Gobierno de mantener intacto el bono de 70 mil pesos. Más policía y más cámaras no van a controlar estos hechos mientras el hambre sea una constante para las personas más vulnerables, para las mayorías que efectivamente no llegan a fin de mes.
