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SUSCRIBITE "Socio". Jorge Cardozo.
"Roly". Roberto Acosta.
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SUSCRIBITELos testigos que no se habían presentado en la audiencia del miércoles fueron llevados por la fuerza pública para declarar en el juicio que investiga la supuesta promoción de la prostitución de un grupo de menores. El caso conocido mediáticamente como “juego de los papelitos” tiene a tres imputados en el banquillo: Jorge “Socio” Cardozo, Roberto “Roly” Acosta y Karen Heredia. Todos llegaron en libertad al juicio.
Siete fueron los testigos que declararon ante el tribunal de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación en una audiencia que se lleva a cabo a puertas cerradas por tratarse de un delito de instancia privada.
Según pudo averiguar El Ancasti, se presentaron las víctimas y sus padres, quienes ratificaron las denuncias por los hechos que salieron a la luz en junio de 2017 y que motivaron las detenciones de los sospechosos.
El Tribunal, conformado por Fernando Esteban, Carlos Rodolfo Moreno y Rodrigo Morabito, dispuso pasar a un cuarto intermedio para hoy a la mañana. Se espera una nueva ronda de testigos.
La causa estalló públicamente a mediados de junio de 2017, cuando fueron arrestados los tres sospechosos tras una serie de allanamientos realizados en diferentes puntos de la ciudad.
Semanas antes, la madre de una adolescente denunció el caso y estalló el escándalo. Un empleado del Tribunal de Cuentas -Acosta- y otro de la Legislatura -Cardozo- estaban sospechados de organizar orgías sexuales en las que abundaban las bebidas alcohólicas, las drogas y a las que asistían adolescentes que, supuestamente, eran reclutadas por Heredia.
En los operativos realizados en dos inmuebles de Villa Parque Chacabuco y del barrio Fray Mamerto Esquiú se encontraron geles íntimos, juguetes eróticos y papeles con consignas sexuales que formaban parte de los "juegos".
Acosta fue imputado junto a Cardozo por el delito de "promoción a la prostitución agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad y por la edad de la víctima". A "Socio" se le añadió un agravante por "el uso de estupefacientes para facilitar la prostitución". En tanto que Acosta cuenta con una imputación por "abuso sexual gravemente ultrajante".
Además Acosta contaba con una causa por un fraude al Estado.
El expediente caratulado "fraude a la administración pública" constaba de una investigación por una serie de maniobras irregulares supuestamente para favorecer en obras al neuropsiquiátrico de La Merced. Acosta había sido imputado en 2012 por el fiscal Marcelo Sago.
El caso comenzó a ser investigado en 2009 tras detectarse irregularidades administrativas y contables en las que perjudicaron al Estado por una suma de $200.000. Según surgió, se emitían cheques para cubrir diversos gastos del neuropsiquiátrico de La Merced con facturas "truchas". A su vez, algunos cheques, que iban en general de los $2 mil a $5 mil, figuraban a nombre de personas inexistentes o incluso de internos insanos del mencionado neuropsiquiátrico. Luego los cheques eran endosados con el nombre de nuevos beneficiarios.
