Se trata de María Gilda Márquez y María Eugenia Castro, quienes están detenidas en la Unidad Penal de Mujeres N° 2.
María Gilda Márquez y María Eugenia Castro, dos de las cuatro personas acusadas por el intento de asesinato de Roxana Murúa, apuntan a salir de la Unidad Penal de Mujeres N° 2, donde se encuentran detenidas, en la ciudad Capital, antes que se realice el juicio.
Hoy, la defensa de ambas, ejercida por el abogado Iván Godoy, cuestionó la prisión preventiva que recayó sobre sus asistidas.
Lo hizo en una audiencia que se realizó en la Sala Penal de la Corte de Justicia.
En la oportunidad, se trató el recurso de casación que planteó Godoy.
Durante la audiencia de expresión de agravios, la defensa expuso los fundamentos del planteo recursivo contra una resolución dictada por el juez de Responsabilidad Penal Juvenil de Primera Nominación, Rodrigo Morabito.
También propuso que las dos mujeres puedan acceder a la prisión domiciliaria.
La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, representada por Guillermo Narváez, y la querella, por el abogado Pedro Vélez, se opusieron a lo solicitado por la defensa e insistieron en que se confirme la resolución del juez al existir riesgo procesal.
Luego de escuchar las distintas posturas, la Sala Penal estableció un cuarto intermedio y se espera que defina si hará lugar o no lo que pidió la defensa.
El 30 de octubre de año pasado, Narváez elevó a juicio la causa en contra de Márquez, Castro, un adolescente y Facundo Ariel Monasterio, los cuatro imputados por el intento de asesinato Murúa. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) concluyó la investigación y avanzó con el requerimiento de citación a juicio de los cuatro sospechosos.
En la causa, Márquez fue acusada por el delito de “homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en calidad de autora”. En tanto, Castro, el adolescente y Monasterio fueron imputados por el delito de “homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en calidad de partícipes necesarios”.
El intento de asesinato ocurrió el 20 de enero de 2025, alrededor de las 22, en el Salón de Usos Múltiples (SUM), ubicado en el barrio 140 Viviendas, en San Isidro, departamento Valle Viejo. Allí, Murúa fue atacada a golpes de puño, de fierros y además le asestaron cuatro puñaladas. El hijo de Murúa, otro adolescente, también fue golpeado.
El artículo 19 de la Ley Provincial 5544 de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil establece que éste ejercerá como fuero de atracción sobre todas aquellas causas en las que se encuentren imputados o procesados adolescentes de edad punibles al tiempo de acaecimiento de los hechos tipificados como delitos, y en aquellos en los que se les hubiera atribuido responsabilidad penal en forma conjunta con personas mayores de edad.
Así, al chico no se le vulnerarán sus derechos por tratarse de una persona menor de edad. En tanto que los adultos serán procesados, en un fuero especializado para adolescentes, pero tratados como adultos. Es decir, se realiza un abordaje desde lo particular a lo general.