La ministra de la Corte explicó que el convenio apunta a incorporar perfiles técnicos especializados, defendió el juicio por jurados y destacó el diálogo institucional con el Ejecutivo.
La ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, Fernanda Rosales Andreotti, aseguró que el régimen de movilidad laboral previsto en la Ley de Presupuesto no implica el traslado de empleados administrativos al Poder Judicial, sino la incorporación de profesionales especializados para cubrir áreas estratégicas vinculadas a la modernización del sistema judicial.
En declaraciones al programa "Tiempo Real", la magistrada explicó que el convenio responde a necesidades puntuales del organismo y descartó que afecte la carrera judicial de los trabajadores.
"En el Poder Judicial no sobra nadie, nos falta personal. Esta movilidad no tiene que ver con empleados administrativos ni con quienes siguen la carrera judicial, que es lo que realmente preocupa al gremio y que nosotros siempre tratamos de proteger", sostuvo.
Rosales Andreotti precisó que las incorporaciones estarán dirigidas a profesionales con experiencia en informática, medicina forense y otras disciplinas técnicas indispensables para la implementación de las reformas procesales que impulsa la Justicia.
"Necesitamos reforzar las áreas vinculadas con la digitalización, la oralidad y los equipos técnicos interdisciplinarios. Hoy ningún Poder Judicial puede funcionar satisfactoriamente solamente con abogados", afirmó.
En ese sentido, destacó que la interdisciplina resulta fundamental para brindar respuestas de calidad, especialmente en los fueros de Familia, Penal y Violencia de Género.
La ministra también se refirió a la relación entre los poderes del Estado y consideró que actualmente existe un mejor nivel de diálogo que en años anteriores. "El Poder Judicial va a seguir solicitando mejoras en infraestructura, tecnología, personal y en la retribución justa para sus trabajadores, pero entendemos que la provincia y el país atraviesan una situación compleja que exige actuar con responsabilidad", expresó.
No obstante, remarcó que esas dificultades no deben impedir continuar fortaleciendo el servicio de Justicia.
Por otra parte, Rosales Andreotti realizó una defensa del sistema de juicio por jurados y sostuvo que su implementación produjo una transformación positiva tanto dentro del Poder Judicial como en la relación con la ciudadanía.
Según explicó, el mecanismo obligó a jueces, fiscales y defensores a utilizar un lenguaje más claro y accesible para que las doce personas que integran el jurado puedan comprender la prueba y los hechos debatidos.
"La función del jurado es determinar si el hecho ocurrió y si la persona acusada es culpable o no, en base a la prueba presentada durante el juicio. La determinación de la pena corresponde luego al juez técnico, porque eso ya está previsto por el Código Penal", explicó.
Además, señaló que los veredictos demuestran que los ciudadanos no se limitan a convalidar la acusación fiscal, sino que analizan críticamente las pruebas.
"Muchas veces el jurado declara culpable por un delito menor incluido o incluso no culpable, lo que demuestra que evalúa la evidencia y toma una decisión independiente", indicó.
La ministra finalmente sostuvo que el derecho penal está pensado para ser comprendido por toda la sociedad y que, por esa misma razón, cualquier ciudadano está en condiciones de integrar un jurado popular y decidir sobre la responsabilidad penal de un acusado a partir de las pruebas producidas en el proceso.