El magistrado tucumano Mario Velázquez encabezará hoy un conversatorio sobre el sistema acusatorio.
El juez penal de Tucumán, Mario Velázquez, presidente de la Red Federal de Jueces y Juezas Penales de Argentina, encabezará hoyun conversatorio en la Escuela de Capacitación Judicial, haciendo foco en los desafíos institucionales de la consolidación del sistema acusatorio adversarial en el país.
En diálogo con El Ancasti, el magistrado vinculó la reforma procesal con la necesidad de preservar la independencia judicial y ratificó el rechazo formal de la Red al reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que modificó el sistema de selección para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Velázquez cuestionó la eliminación de los mecanismos de impugnación ciudadana y la remoción de las pautas de autolimitación discrecional del poder político. "Eso que era un piso nos manda al subsuelo y deslegitima la posibilidad del autocontrol", advirtió.
Explicó que el modelo acusatorio se organiza sobre la base de la oralidad obligatoria, con audiencias públicas donde las partes discuten y resuelven las controversias. Señaló que el esquema impone una división estricta de funciones, donde el Ministerio Público Fiscal asume la investigación penal -lo que exige un análisis profesional previo para la audiencia de imputación; y la defensa representa a los imputados y los jueces actúan exclusivamente como terceros imparciales.
Sostuvo que la implementación de este modelo disuelve los juzgados tradicionales con estructuras rígidas de empleados. En su lugar, surgen los colegios de jueces horizontales, donde los magistrados comparten competencias y forman un fondo común (pool) para intervenir de manera flexible.
Tomando como referencia la provincia de Tucumán, precisó que allí funcionan tres colegios de jueces (uno por cada centro judicial), y dos tribunales de impugnación.
Además, aclaró que el sistema prevé excepciones operativas a la horizontalidad. Así, los jueces de menores integran el colegio pero absorben la competencia total si en un hecho intervienen un niño y un adulto en conjunto; en tanto, los jueces de ejecución penal quedan estrictamente fuera de los colegios horizontales para dedicarse de forma exclusiva al litigio de la pena.
Uno de los ejes centrales de la exposición fue el modo en que se resuelven las causas penales. Según detalló Velázquez, la gran mayoría de los casos no llega a la instancia de debate oral tradicional.
"Generalmente el 70, 75 u 80 por ciento de los conflictos que llegan a conocimiento de un juez se resuelven a través de salidas alternativas", afirmó, mencionando la suspensión del juicio a prueba, los principios de oportunidad y los juicios abreviados.
El magistrado advirtió que la aceleración de los plazos procesales, al ser perentorios e improrrogables, genera impactos colaterales que exceden el ámbito de los tribunales.
Explicó que el juicio abreviado implica en la mayoría de los casos una condena firme al reconocer el imputado su responsabilidad, lo que incrementa rápidamente la cantidad de personas privadas de la libertad.
"Hay que analizar los impactos que producimos hacia afuera", sostuvo, remarcando que las reformas demandan recursos estatales para equipar salas de videograbación, adecuar la capacidad de alojamiento en el servicio penitenciario o comisarías, y profesionalizar a las policías provinciales que actúan como el brazo operativo de las fiscalías.
En el plano institucional, Velázquez reconoció una severa brecha entre el Poder Judicial y la ciudadanía: "Siete de cada diez personas no creen en nuestro trabajo".
Al no ser elegidos por voto popular, el juez argumentó que la legitimidad de los operadores debe construirse cotidianamente mediante la transparencia y la rendición de cuentas, defendiendo el uso de un lenguaje claro para explicar a la sociedad cómo y por qué intervienen los magistrados.
El juez señaló que la reforma del sistema penal argentino enfrenta desafíos múltiples, institucionales, organizacionales y culturales. No se trata únicamente de modificar leyes o acelerar procesos, sino de adecuar estructuras, recursos humanos, infraestructura y prácticas profesionales a un modelo completamente distinto.
El conversatorio que encabezará en Catamarca se inscribe en esa discusión, con el objetivo de compartir experiencias entre provincias que atraviesan procesos similares de transformación.
La discusión de fondo, según explicó, excede la eficiencia del sistema judicial. Involucra la capacidad del Estado para garantizar respuestas rápidas, respetar garantías constitucionales y sostener la confianza social en la administración de justicia. La función del juez, en el marco del Estado constitucional de derecho, no se limita a aplicar normas, sino a actuar como garante de la Constitución y de los derechos fundamentales. En esa lógica, el sistema judicial debe operar como un límite al poder estatal, incluso frente a las mayorías circunstanciales, a través del control de constitucionalidad.
A las 10.30 dará comienzo el conversatorio en la Escuela de Capacitación Judicial, con sede en Sarmiento 281, destinado a magistrados, fiscales, funcionarios y autoridades del Poder Judicial de Catamarca.
Se abordarán los desafíos institucionales organizacionales y culturales que acompañan los procesos de transformación de la Justicia penal a partir de las experiencias desarrolladas en distintas provincias argentinas.
Para el juez Velázquez, "el perfil del juez contemporáneo exige, en este escenario, idoneidad técnica, conocimiento del pluralismo jurídico y una fuerte orientación hacia la protección de los derechos humanos. La ausencia de esta perspectiva puede derivar en responsabilidad internacional del Estado. A ello se suma la necesidad de imparcialidad ética, conforme a estándares como las Reglas de Bangalore, y una adecuada gestión del tiempo judicial, ya que la demora o selectividad en las decisiones implica una forma de denegación de Justicia".
Incorpora la idea de rendición de cuentas como componente de la legitimidad judicial, en tanto los jueces no son electos por voto popular y deben sostener la confianza social mediante transparencia y fundamentación.