El Gobierno consiguió que se aprobara la ley para el pago de US$171 millones a Bainbridge y Attestor. Ahora busca sancionar el "Súper RIGI".
La Cámara de Diputados se dispone a iniciar una sesión especial en la que el Gobierno intentará avanzar con dos de sus principales apuestas económicas: el denominado “Súper RIGI” y el acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, aún en litigio contra la Argentina por el default de 2001. Este último fue sancionado.
Con 138 votos afirmativos y 98 negativos, el Congreso de la Nación sancionó la ley de la Renegociación con los Fondos Buitre. El kirchnerismo y el Frente de Izquierda fueron los principales adversarios a este proyecto del oficialismo que fija un plan de pago para los fondos que compraron los derechos a juicios por la bancarrota de 2001. En cuanto a los representantes catamarqueños, Adrián Brizuela votó a favor, mientras que Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega votaron en contra. Claudia Palladino y Fernanda Ávila -de viaje por agenda oficial- estuvieron ausentes.
En cuanto a la votación, por el lado de Catamarca estuvieron ausentes Claudia Palladino y Fernanda Ávila
Así, el presidente Javier Milei cumplió con uno de los compromisos que firmó en febrero de este año con el presidente de Estados Undios Donald Trump en el tratado de comercio que firmaron ambos países. Allí, se había impuesto el 30 de junio como fecha límite para que la Argentina tuviera una ley para resolver el pago a esos fondos.
Con la ayuda de los bloques aliados, La Libertad Avanza logró quórum y buscará darles media sanción a ambas iniciativas, que luego deberán pasar al Senado para su revisión. El escenario, sin embargo, no se presenta exento de tensión. La oposición mantiene su insistencia en interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por lo que se prevé una sesión atravesada no solo por el debate técnico de los proyectos, sino también por el clima de confrontación política que ya se expresó en la jornada anterior.
El “Súper RIGI” prevé beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones, incluyendo una alícuota reducida del 15% en Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones y liberación progresiva de divisas. También habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales en caso de controversias con el Estado argentino.
